Una médica y dos socorristas fueron detenidas en Villa María, acusadas de “ejercicio ilegal de la medicina” y “encubrimiento” por brindar información y acompañar a gestantes que querían interrumpir voluntariamente gestaciones en curso. 

Las detenciones siguieron a una investigación que el Ministerio Público Fiscal (MPF) local habría iniciado por una presunta denuncia anónima por “abortos clandestinos”. Las integrantes de “Tribu Rosa” quedaron detenidas tras “numerosos allanamientos en casas particulares”, denunció la organización Socorristas en Red (SR), que se declaró en alerta y advirtió que están “privadas de su libertad a pesar de que se las acusa injustamente de delitos excarcelables”.

El abogado de las tres mujeres, Sebastián Elía, pidió a la jueza de control que dicte la “inmediata libertad” de sus defendidas, detenidas por orden judicial a pedido del MPF.

La fiscalía informó que los cuatro allanamientos se realizaron con autorización del Juzgado de Control, y que de ellos participaron integrantes de Cibercrimen de Policía Judicial, personal policial dependiente de la U.D.G.S. y de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía provincial. En los operativos, se secuestraron “gran cantidad de medicación, documentación varia, dinero”, y resultaron detenidas dos socorristas acusadas de “ejercicio ilegal de la medicina (art. 247 del Código Penal)” y “una profesional de la medicina por supuesta autora del delito de Encubrimiento (art. 277 del Código Penal)”.

“El escenario refleja una política criminal que persiste a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es legal”, advirtió en un comunicado la organización federal de socorristas. “Con acciones judiciales como las desarrolladas en Villa María, se criminaliza injustamente a quienes cuidan la salud de las personas que deciden abortar, que son quienes desde hace años colaboran brindando información y acompañamientos. Dar información y acompañar decisiones no es delito”, reafirmó la entidad en un comunicado.

La alerta por las detenciones, llevadas adelante el miércoles, fue dada por SR y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en un comunicado que hasta la tarde de este jueves recabó decenas de adhesiones de colectivas feministas, entidades de Derechos Humanos y organizaciones civiles de todo el país.

“Un acto de ofensiva judicial” contra una ley

En el comunicado que dio a conocer lo sucedido en Villa María, las organizaciones aseguraron que se trata de un “acto de ofensiva judicial, violatorio de los derechos consagrados a dar y recibir información para el cuidado de la salud y una amenaza a los derechos democráticamente conseguidos y reafirmados en 2020, en la Ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post aborto”.

Socorristas en Red recordó, además, que “a nivel internacional las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar”.