Confirman que la policía de Córdoba vigila a partidos políticos

El Partido Comunista de Córdoba presentó un pedido de Habeas Corpus preventivo a favor de militantes, afiliados y dirigentes de esa agrupación. Lo hizo a partir de las acciones de inteligencia de la Policía de Córdoba en San José, en el Valle de Traslasierra, y de un acto de persecución y limitación del derecho de reunión, ocurrido en Villa Cerro Azul, en Sierras Chicas cuya responsabilidad recae en la jefa comunal, María Laura Wehrli (Hacemos por Córdoba).

La presentación lleva la firma del titular del PC de Córdoba, Federico Nanzer. El PC es integrante del Frente de Todos (FdT). Cabe recordar que también militantes del Partido Solidario fueron víctimas de hechos similares en Traslasierra.

Como informó ENREDACCIÓN, la Secretaría de Seguridad de la provincia confirmó que efectivos policiales de la departamental San Javier pidieron información sobre el funcionamiento partidario a dirigentes de agrupaciones del Frente de Todos (FdT) en Traslasierra. “La directiva surgió luego del robo al local del Frente Cívico, en la ciudad de Córdoba (ocurrido la semana pasada). Con esa acción se trata de verificar direcciones y lugares de funcionamiento de los partidos políticos en distintos puntos de la provincia con fines preventivos”, explicó la dependencia a cargo de Claudio Stampalija.

Señaló también que “en absoluto se quiso hacer inteligencia, a partir de este hecho (el robo en el Frente Cívico) fue una consulta a los fines preventivos por parte de la Policía. Es algo que se suele hacer con otras actividades”. Pese a ello, hasta el momento, no se conocieron situaciones similares a estas con otras fuerzas políticas y en otros puntos de la provincia.

Los integrantes del FdT habían presentado la semana pasada una nota al Ministerio de Seguridad reclamando información sobre el accionar policial. Señalaban en el documento que “en virtud de la gravedad de los hechos denunciados, que constituyen un avasallamiento inadmisible de Derechos y Garantías constitucionales y sin perjuicio de iniciar las acciones administrativas y/o judiciales que pudieran corresponder, venimos por la presente a solicitar nos informe acerca de las razones que motivaran los procedimientos señalados”. Hasta el cierre de este artículo no habían recibido ninguna respuesta sobre el tema.

Ahora, el PC solicita el Habeas Corpus preventivo para “evitar futuras turbaciones o privaciones ilegitimas de la libertad de expresión y de asociación sobre sus personas, como así también que se garanticen los derechos que vienen siendo vulnerados ilegalmente”.

 El titular del Partido Comunista de Córdoba, Federico Nanzer al realizar la presentación judicial.
De acuerdo al detalle de los casos de Traslasierra que denuncia el PC, se puede observar la existencia de tareas inteligencia previa por parte de la Policía para conocer integrantes y actividades de dos agrupaciones políticas territoriales. La inteligencia interior está prohíbida en nuestro país. Se le suman acciones de persecución e intimidación. Por ejemplo, a uno de los dirigentes, la Policía lo fue a buscar a su lugar de trabajo.

LOS HECHOS
La demanda judicial describe tres hechos. En el primero de ellos, precisa que “el día 5 de octubre del 2022, miembros de la policía, quienes no eran de la localidad de La Paz, llegaron a pie al bar “El tiempo” y abordaron a la empleada de turno que estaba atendiendo una mesa en la puerta, le solicitaron la presencia de Lucas Fortunatti, en razón de requerir información para un supuesto relevamiento de las actividades de las organizaciones sociales y políticas de la zona, por lo cual necesitaban interrogarlo por ser el referente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL)”. 

Detalla el escrito que “la camarera procede a informar a Fortunatti de la situación y él acude al lugar, la policía le informa que sabían que era el referente del MTL y que tenían absolutamente todos sus datos personales, entre ellos, nombre y apellido, número del documento nacional de identidad, ubicaciones a las que él frecuentaba, entre ellas mencionaron su domicilio personal y laboral, comentando además que era un relevamiento de rutina y que necesitaban saber dónde se encontraba ubicada la sede de la fuerza territorial, es decir del MTL, cuántos miembros tenían y quienes son cada uno de sus miembros”.

Precisa la presentación que lleva también la firma de la abogada Eugenia Yanina Scarpinello que “ante toda estas preguntas, Fortunatti contesta en negativa a su petición y los policías se marcharon con rumbo hacia la sede del  Movimiento Darío Santillán (otra agrupación) con el mismo modus operandi”.

 Luego suma un episodio no conocido hasta el momento. Ocurrió el día 6 de octubre del 2022. A través de una nota, jefa comunal de Villa Cerro Azul, María Laura Wehrli (Hacemos por Córdoba), le plantea al partido político “Unión Vecinal Villa Cerro Azul” que debe peticionar “permisos para la realización de eventos tanto en el ámbito público como privado”.

La demanda judicial indica sobre este punto que “estas situaciones de intromisión antidemocrática perseguimiento, hostigamiento y de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad por el simple hecho de estar asociados a un partido político, reunirse o simplemente por expresar sus ideas, atentan contra la libertad de reunión, el libre derecho a las reuniones políticas, a la representatividad y al pleno ejercicio democrático. Bajo ninguna circunstancia se justifica que se exija solicitud para realizar reuniones privadas o públicas, el derecho de reunión es inalienable y no requiere de la emisión de un permiso o autorización previa”.