Casi dos décadas duró el calvario para una mujer en Córdoba. En diciembre de 2020, la Justicia Federal descubrió que era obligada a prostituirse por un hombre con el que mantenía una relación de pareja. Los actos fueron cometidos en la denominada "zona roja", en inmediaciones del Mercado Norte de la ciudad.

El acusado, Juan José Sánchez, fue condenado a 10 años de prisión en un juicio realizado ante el Tribunal Oral Federal Nº 2.  La jueza María Noel Costa además le fijó una multa de 70 mil pesos y ordenó el decomiso de un vehículo para destinarlo a reparar el daño causado a la víctima, identificada como N.P.O.

Fuentes judiciales indicaron que la magistrada responsabilizó a Sánchez por el delito de trata de personas agravada por la vulnerabilidad de la mujer, por la convivencia que mantenían y por haberse consumado la explotación sexual. El sometimiento se extendió durante 17 años, precisaron.

La víctima conoció a su captor en Buenos Aires. Allí empezó a "tejer una estrategia de seducción amorosa con el objetivo de ejercer un dominio sobre ella", según expuso la Fiscalía General 2º que intervino en el juicio.

El fiscal Carlos Gonella aseguró que la mujer sufrió "todas las formas posibles e inimaginables de violencia de género". Puntualizó en su alegato que el hombre "la golpeó, le gritó, la abusó, la humilló tanto en público como en privado y hasta le retuvo su DNI bajo la excusa de que lo perdería, como forma de controlarla".

Resaltaron que Sánchez se quedaba con el dinero que obtenía a través de la mujer. Advirtieron que se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima, quien atravesaba una situación económica extrema y era consumidora de estupefacientes.

Según revelaron en el juicio, el hombre se presentaba como vendedor ambulante, pero "era una pantalla" para ocultar la explotación sexual de mujeres, entre ellas su pareja.

Reparación del daño

En su fallo, la jueza Costa hizo lugar parcialmente a una demanda civil de N.P.O. En este marco, condenó a Sánchez a pagar 1.200.000 pesos con el objetivo de reparar el daño provocado a la víctima. El pago deberá hacerse una vez que la sentencia quede firme.

La magistrada 900 mil pesos en concepto de daño moral y los 300 mil restantes como daño simbólico, detalló la resolución.