Justicia de Córdoba falló a favor de una joven que denunció por violencia obstétrica

La Justicia de Córdoba ordenó a una clínica privada que en un plazo de 30 días presente un protocolo para la implementación del "parto respetado y con perspectiva de género" luego de que una mujer realizara una denuncia por violencia obstétrica, informaron fuentes judiciales.

El fallo corresponde a la jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género, Mariana Wallace, a partir de la denuncia que formuló una mujer por "violencia obstétrica, física y psicológica", cuando parió a su hija a los seis meses de embarazo y que, según le dijeron los médicos de la clínica privada donde se atendió, nació muerta.

La denuncia fue formulada por D.P.F, el 31 de abril del 2016, quien relató en la instrucción de la causa que cuando percibió dolores de parto se trasladó hasta la Clínica del Sol, donde no le hicieron monitoreos, ni ecografías, la dejaron en la cama de la guardia, y no le dieron la atención correspondiente ni la llevaron a la sala de parto.

"Avisé cuando nació y vinieron recién a los diez minutos. La llevaron para limpiarla y me la trajeron muerta. Me dijeron que la placenta estaba desprendida. Yo vi que cuando nació la placenta estaba entera", relató la mujer en la causa según la información difundida este miércoles por el Poder Judicial de Córdoba.

"Hasta el día de hoy no sé cuál fue el motivo por el cual falleció. Me dijeron que volviera a la clínica a los quince días, que iba a estar el resultado de la autopsia, y así lo hice. Me decían que no encontraban el cuerpo, me preguntaban a nombre de quien lo había dejado hasta que después de mucho tiempo, en el mes de septiembre me dieron el resultado", añadió.

Asimismo, agregó que solicitó la historia clínica y no se la dieron, por lo tanto tuvo que contratar un abogado para que la ayude: "Recién me la entregaron en diciembre", cuestionó.

"Me dijeron que no me iban a dar una partida de defunción porque para ellos era un feto, no una bebé, yo le vi las uñitas, las manos, no era un feto, estaba de seis meses, veintitrés semanas", afirmó la mujer en su declaración judicial.

A partir de esa situación que debió padecer la mujer, la jueza Wallace entendió que la clínica no le informó debidamente respecto a su salud y que tampoco lo hizo el profesional que la asistió ni fue informada sobre las alternativas de intervenciones médicas que pudieren tener lugar en el delicado proceso que la atravesaba.

La magistrada también sostuvo que la mujer denunciante no contó con el acompañamiento durante la totalidad del parto, por lo tanto se encontró con un desenlace no asumido emocional ni racionalmente.

Tampoco recibió copia de su historia clínica en tiempo y forma, configurando trato inhumano y cruel, además de recibirlo sin la debida documentación.

Consecuentemente la juez sostuvo que la conducta de los profesionales y empleados de la clínica configuran un "supuesto caso de violencia de género, bajo la modalidad obstétrica; violencia de tipo física y psicológica".

Por lo tanto, ordenó al centro de salud a que en un plazo de 30 días presente un protocolo para la implementación del "parto respetado y con perspectiva de género", que incluya la capacitación en la temática destinado tanto a los profesionales de la salud, como así también al personal administrativo, además de información visible al respecto.

Añade que la damnificada todavía no puede afrontar la hipótesis de proyectarse en una futura maternidad y vincula tal imposibilidad al trauma que se le generó. Por esta razón, la jueza dispuso que la clínica deberá costear un tratamiento psicológico para la mujer que le permita sobrellevar lo vivido.

Respuesta de la Clínica

“Reiteramos por esta vía algo que ya hemos dicho en el expediente judicial respectivo: lamentamos lo ocurrido con la paciente y la acompañamos en su dolor, como lo hemos hecho desde el primer día de su atención. En la clínica existen protocolos internos que se condicen con los estándares protectorios hacia la mujer”, señalaron en el escrito.

En tanto, concluyeron: “La confidencialidad de la información y el secreto profesional impiden contestar públicamente y de manera detallada los hechos y las consideraciones que se han publicado; con los cuales discrepamos. Además, para no prolongar la situación, ni generar una revictimización de la paciente en algo que ha sentido en su fuero más íntimo, a sabiendas del dolor que genera la pérdida gestacional, hemos decidido no recurrir la sentencia, a pesar de que, desde nuestra institución entendemos que el proceder profesional y humano fue correcto y adecuado”.