La fiscal confirmó lo investigado por Viaut, además de Valle todavía no trascendieron las identidades de los carniceros imputados.
POLICIALES - JUDICIALES 26/02/2021
Pérez Darío Eduardo
Una banda que faenaba cerca de Colonia San Pedro, animales muertos en los campos y comercializaba en carnicerías de Frontera y San Francisco aplicándoles sulfito, ahora IMPUTADAS 8 PERSONAS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA, CON PROBABILIDAD DE DETENCIONES.
La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni , a cargo de la Fiscalía de San Francisco, confirmó la investigación de su antecesor Luis Viaut y pidió al juzgado federal a cargo de Roque Rebak, LLAME A DECLARAR A 8 PERSONAS IMPUTADAS DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA , ENTRE ELLAS 4 CARNICEROS, POR COMPRAR ANIMALES MUERTOS EN LOS CAMPOS DE MORTEROS Y LUEGO DE TRASLADARLOS A FRONTERA Y SAN FRANCISCO, LOS ENMASCARABAN CON SULFITO , DESTINO FINAL DISTINTAS CARNICERÍAS DE LAS DOS CIUDADES, LA CARNE PODRIDA FUE NOTICIA EL 23 DE MAYO DE 2019, En la oportunidad no se registraron detenciones, pero se incautó la carne y varios vehículos que son propiedad de un carnicero de apellido Valle, oriundo de Frontera.
La investigación se habría originado a partir de una investigación de la policía de Morteros que habría acercado datos a Gendarmería Nacional, acerca de la existencia de faenamiento en un predio cerca de Colonia San Pedro y esta con conocimiento de la fiscalía Federal con sede en San Francisco, comenzó a realizar seguimientos y escuchas hasta terminar con la realización de nueve allanamientos en carnicerías de San Francisco, Frontera y una ex cremería en Colonia San Pedro.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Pablo Montessi a solicitud del fiscal federal Luis María Viaut que es quien llevó la investigación que realiza la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” de Gendarmería Nacional
En el marco de la investigación por faenamiento clandestino, envenenamiento de alimentos y graves transgresiones a reglas de salud pública, establecido por el Código Penal argentino, secuestraron alrededor de 3 toneladas de carne espolvoreada con sulfito de sodio, sustancia considerada cancerígena que retrasa la descomposición de la misma. Además incautaron armas de fuego, municiones de diferentes calibres, computadoras, dispositivos móviles, 10 vehículos entre ellos varias camionetas, dinero en efectivo, freezers y caja de transporte empleada para depósito y documentación de interés a la causa.
La causa
La investigación se inicia a partir que determinan que cerca de Colonia San Pedro, se faenaban animales que se compraban muertos por enfermedades en los campos. Según se desprende de la investigación, esta organización pagaba entre 800 y 1.000 pesos cada animal, encargándose ellos de ir a buscarlos a los campos. Cada vez que se moría un animal vacuno o porcino en el campo, el productor se ponía en contacto con estas personas que eran las encargadas de buscarlos.
Los involucrados faenaban en Colonia San Pedro, acopiaban y para ser trasladada la carne en camionetas y utilitarios dentro de bidones para ser comercializada sin respetar las normas mínimas de salubridad. Utilizaban químicos para alterar el color, olor y neutralizar la descomposición.
Esta red comercializaba diferentes cortes en carnicerías de Frontera y San Francisco, como así también habría contado con una fábrica clandestina de milanesas que eran distribuidas en almacenes y kioscos. Habrían ofrecido bolsones a 70 pesos el kilo, también lo habrían hecho a través de redes sociales, despachando hacia toda la región por transporte contra reembolso. En una de las carnicerías allanadas de Frontera, propiedad de Sergio Valle, se ofrecía por Facebook un bolsón de 5 kilos a $ 345.
La investigación tiene por delante analizar varias horas de escuchas telefónicas en la que integrantes de la banda negociaban la compra de vacas muertas por enfermedad a productores ganaderos de la zona.
El fiscal Viaut siguió la ruta del dinero de los involucrados como manejo de chequeras, dólares y transferencias de dinero que surgirían de las escuchas telefónicas realizadas a los carniceros, a productores que ofrecían vacas enfermas, donde también investigan la posible existencia de otro matadero clandestino en un campo cercano a Frontera, por lo que no descartan nuevos allanamientos en la región en busca de más pruebas.
En el proceso están imputados un médico y una asistente social, ambos ex integrantes del COE. En caso de haber condena, se podría aplicar el concepto de violencia institucional, lo que podría dar lugar a un nuevo juicio contra autoridades.
A pesar de que se trata de un gran paso, por el momento se desconoce cuándo se concretaría la resolución del futuro de la causa. El tribunal que estará a cargo de debatir si el asesinato de Dalmasso prescribe o no, ya fue determinado.
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