FACTURAS TRUCHAS: " Las ganancias de la organización fueron monstruosas"

Córdoba podría ser sólo la “cabeza de playa” de un gigantesco desembarco de facturas truchas en todo el país, destinadas a evadir impuestos en empresas, en comercios o en industrias, según lo que se desprende de la investigación de la Justicia federal. En la causa hay 39 detenidos. LA VOZ

Aparentemente, lo de Córdoba no sería más que una muestra de lo que sucede en el resto del país con una operatoria que no sería exclusiva del medio local y que podría estar extendida en otras provincias con un formidable aparato de evasión fiscal.

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Los dos fiscales federales que investigan en la Capital formularon ayer declaraciones a medios radiales y reiteraron detalles de la investigación que la semana pasada tuvo su primer “golpe” con cerca de un centenar de allanamientos que permitieron desbaratar a la cabeza de una presunta asociación ilícita fiscal.

El fiscal federal Nº 1, Enrique Senestrari, comentó que, con esta investigación, “la mayor importancia es el hallazgo de una veta de la economía ilegal del país y que la delincuencia siempre va encontrando la falla de los sistemas de control del Estado y, aprovechándose, genera ganancias ilegales sin trabajar”

“Lo que ha encontrado es el sistema de facturas electrónicas sumado a un sistema de sociedades anónimas simplificadas que fue un invento absolutamente inconveniente para el país que se hizo años atrás”, explicó Senestrari. “De esa manera, (los involucrados en la asociación ilícita) lograron generar un sistema de ganancias monstruosas”, completó en declaraciones a Universidad 580.

Sobre la operatoria y su alcance, fue más específico: “Se descubre una red de usinas de facturas que seguramente está en todo el país. Me animo a decir que, si se ponen a investigar en las distintas provincias, van a encontrar redes similares a esta”.

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“Esto es una punta de un iceberg que hace un enorme daño a la economía del país y en las personas a las que se les roba la clave fiscal”, concluyó el funcionario judicial.

A su turno, Maximiliano Hairabedian, fiscal federal N° 3 de Córdoba, se refirió a la evasión impositiva de empresas y también al capítulo de la presunta defraudación por administración fraudulenta que involucra a los intendentes de Saldán, Cayetano del Valle Canto, y de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi.

“Era una banda de personas que se asociaron para tener una usina de facturas, es decir, generar facturas falsas. Ya sea porque las personas que aparecen no tenían la capacidad contributiva para hacerlo o, si bien se dedicaban, no hacían las facturas”, 

“Fueron 80 personas físicas, jurídicas o sociedades creadas para facturar que generaron unas 14 mil facturas truchas y estas eran compradas principalmente por empresarios y por comerciantes que las usaban para simular operaciones y eso les generaba beneficios”, agregó.

Del mismo origen de esas usinas, se detectaron facturas truchas en la contabilidad de varios municipios.

“En algunos casos eran por cifras bajas, es decir, puede ser que algún proveedor haya facturado a un municipio valiéndose de estos elementos apócrifos, pero había puntualmente dos organismos que tenían una gran cantidad de montos facturados que provenían de estas usinas de facturas apócrifas”, subrayó el funcionario.

La referencia de Hairabedian es hacia el municipio de Saldán, donde Canto habría retirado fondos sin la contraprestación correspondiente y valiéndose de estos comprobantes falsos. Salibi, en cambio, no está comprometido por su municipio, sino porque, junto con Canto, habría retirado fondos sin justificarlos debidamente de la Comunidad Regional Colón.En ese organismo, Canto era presidente y Salibi, secretario general.“Lo que tenemos por ahora desde la fiscalía es una sospecha que surge de la investigación de Afip”, dijo el fiscal Nº 3.Luego, señaló: “Por lo pronto, tenemos una sospecha que está fundada en pruebas y que nos autoriza a requerir medidas y a que se cite a indagatoria prima facie a quienes aparecen involucrados”.