Maestra de San Francisco agarró de los pelos a una alumna y ahora debe enfrentar a la justicia

En el mes de marzo del corriente, justo unos días antes de ingresar en el aislamiento por el Covid 19, este medio de prensa recibió de diversas fuentes la noticia de que una reconocida profesora de matemáticas y física de la escuela de campo IPEA N° 222 y de la Normal Nicolás Avellaneda había discutido con una alumna y como no le hacía caso la profesora decide ejercer un acto de violencia al tirarle el pelo a la estudiante de manera brusca  para que preste atención, lo cual provoca una reacción de llanto por parte de la menor que se dirige inmediatamente a relatar este episodio de violencia a un adulto a cargo y anoticiarlo del evento.  
 

El hecho que fue caratulado por el Juzgado de Menores como vulneración de derechos al verse involucrado un menor, siendo la víctima – la alumna -  de un castigo físico que parece mentira que ocurra en estos tiempos cuando los docentes son garantes de los principios de la convención de los derechos del niño para protegerlos ya que se los considera vulnerables. 

Luego de este hecho de violencia por parte de la profesora hacia la alumna  no se procede a actuar en base al reconocido principio del interés superior del niño  y por parte de la escuela no se dio aviso oportuno a la familia  de la menor ante lo acontecido, no respetándose el proceso plasmado en las guías federales ante situaciones   conflictivas  acaecidas dentro del ámbito escolar, situación por la cual  la familia de la menor procedió a efectuar una denuncia penal por Vulneración de Derechos/ lesiones leves la cual está tramitando en el Juzgado de Menores a cargo del juez Paretti esta ciudad . 

Si bien  son varias las fuentes que confirman este hecho, se sabe con certeza que la profesora aún no  ha sido sancionada  por la escuela ni por la inspección de la cual esta dependencia forma parte. 

Lamentablemente estos hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes se suceden a diario y son pocos los padres que efectúan la correspondiente denuncia por temor a represalias. Se esperan novedades judiciales y del ministerio de educación para ver qué tipo de sanción le corresponde a dicha docente y la omisión de sanciones  hacia la denunciada  por parte del actual Equipo Directivo que dilató este tema tratando que las aguas se calmen y quede en el olvido. 

Cabe recordar que el concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. 

Independientemente de ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que los Estados deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados, no siendo este caso investigado y organizado en base a estos parámetros de derechos humanos por parte de las autoridades que tienen el cuidado y la prevención de la menor. Además, la Ley N° 26.892 sobre la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en Instituciones Educativas, todas las provincias y escuelas del país tienen la responsabilidad de trabajar por un clima escolar más pacífico y sin discriminación. 

La Resolución CFE 217/14 aprueba la Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. La Guía, que consiste en dos volúmenes, brinda herramientas para un abordaje integral e institucional ante situaciones conflictivas o vulneración de derechos en el ámbito educativo, propiciando una orientación que permita a los equipos directivos y docentes diseñar estrategias para una convivencia democrática que cuide de todas las personas. 

Lo llamativo de este caso es que nadie puede desconocer las leyes y no actuaron en base a lo que exige la legislación escolar. Se esperan novedades a la brevedad por parte del juzgado de menores y del ministerio de educación ante este hecho tan grave hacia una menor que es sujeto de derechos y que ha sido vulnerada en su integridad psicofísica.