Luego de que se hiciera de conocimiento público que la jueza de ejecución penal de San Francisco, María Teresa Garay, concedió la posibilidad de la prisión domiciliaria a un hombre condenado por abuso sexual, y que la victima publicara una carta donde se pregunta ¿porque la justicia le soltó la mano?, la agrupación feminista Mujeres Unidas de San Francisco publicó un comunicado donde le piden a la jueza que revea su fallo.
En medio de la pandemia que estamos atravesando, se le otorgó prisión domiciliaria a Antonio Puntonet, violador que se encontraba cumpliendo condena en la Unidad Penitenciaria N° 7 de San Francisco, a sólo un año de haber sido encarcelado y restándole siete. El abusador actualmente se encuentra gozando de este beneficio en barrio Hospital.
Estos actos dan cuenta de la falta de perspectiva de género en el poder judicial, por lo que venimos reclamando incansablemente, siendo ignoradas por los funcionarios responsables en la materia. También se está haciendo caso omiso a la ley N° 27372, donde se establecen los cuidados a tener con las víctimas, siendo de público conocimiento que en este caso no fue consultada ni notificada al respecto, desprotegiéndola y soltándole la mano en tan doloroso proceso.
Es por eso que desde este espacio solicitamos a la Jueza María Teresa Garay, que otorgó la prisión domiciliaria al violador, a pesar de las negativas recibidas por parte de colegas y expertos, que revea su decisión. Y exigimos a nuestros funcionarios capacitarse de manera urgente para poder estar a la altura que requieren estas situaciones.
Con todo el sacrificio que implica juntar el coraje para denunciar y poder hacer escuchar su voz, exponer a las víctimas nuevamente de esta manera demuestra la falta de compromiso y humanidad de quienes nos deberían proteger, pero sobre todas las cosas, es un fiel reflejo de la constante violencia sistematizada ejercida sobre las mujeres, en cada ámbito en el que nos desempeñamos.
Sostenemos que las medidas sanitarias del sistema penitenciario deben ser revisadas, garantizando la seguridad y la higiene, sobre todo en esta situación excepcional de alerta por covid-19. Pero bajo ningún punto de vista esto significa la liberación ni el otorgamiento de beneficios a violadores, femicidas, ni criminales violentos. Que los gobiernos y la justicia se hagan cargo de la responsabilidad que les compete.
NO QUEREMOS VIOLENTOS, FEMICIDAS NI VIOLADORES ENTRE NOSOTRXS.
EL ESTADO Y LA JUSTICIA SON RESPONSABLES.
