La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave en el tratamiento de la legislación penal aplicada al sector agropecuario, al avanzar en comisión con el proyecto que busca incorporar formalmente la figura del "vandalismo rural" al Código Penal. La iniciativa apunta a sancionar de manera estricta la intrusión en establecimientos productivos y los ataques a la infraestructura o los insumos agrícolas y ganaderos, estableciendo penas de hasta 8 años de prisión.
El avance se concretó durante un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Legislación Penal. En ese marco, se suscribió un dictamen de mayoría avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas y otras bancadas provinciales, alcanzando 41 firmas sobre un total de 66 legisladores presentes. A su vez, se presentaron dos despachos de minoría promovidos por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Con este resultado, la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, confirmó que el expediente quedó habilitado formalmente para ser debatido en el recinto en la próxima sesión ordinaria de la Cámara baja.
El proyecto, impulsado originalmente por el diputado Martín Ardohain (PRO), introduce modificaciones específicas mediante la incorporación de dos nuevos artículos. Por un lado, el artículo 150 bis establece penas de prisión de un mes a un año para quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de exclusión, convirtiendo la intrusión en un delito penal y no en una mera contravención.
Por otro lado, el artículo 184 bis contempla penas de dos a ocho años de cárcel, sumadas a multas de hasta 12 veces el valor del daño ocasionado, para quien destruya o altere el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento. La medida protege de forma explícita a los cultivos sin cosechar, así como a las granos y oleaginosas almacenados en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros sistemas de acopio.
Durante la sesión del plenario, el debate exhibió marcadas posturas entre los distintos bloques. Ardohain argumentó que la propuesta busca superar la visión urbanística del Código Penal para responder a las necesidades del interior productivo, precisando que los actos de vandalismo o la caza no autorizada dentro de campos cerrados pasarán a ser juzgados como delitos penales directos. En esa línea, el diputado Carlos Gutiérrez, de Provincias Unidas, valoró el consenso alcanzado para modernizar la protección de las propiedades rurales frente a la insuficiencia de los cerramientos tradicionales.
Por el contrario, desde la oposición surgieron cuestionamientos técnicos e ideológicos. El diputado Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria) advirtió que la norma genera una duplicación de figuras ya contempladas en el marco penal vigente que podría derivar en una reducción no deseada de las penas aplicables. En tanto, la legisladora Myriam Bregman (Frente de Izquierda) rechazó el dictamen al considerar que la ley busca blindar grandes propiedades y beneficia a concentrados sectores terratenientes.
