Pérez Natalia
Familiares de las víctimas, con el acompañamiento de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, se manifestaron frente a los Tribunales II de la ciudad de Córdoba para reclamar por el paralizado avance de la causa que investiga presuntos abusos sexuales en el Jardín Niño Dios de Villa Carlos Paz.
La medida de fuerza expuso una situación llamativa en el fuero penal: transcurridos 17 meses desde las primeras presentaciones judiciales y acumulando 13 denuncias formales por agresiones a niños de entre 3 y 4 años, la fiscal Jorgelina Gómez todavía no ha formulado la imputación del sacerdote Alejandro Nicola.
La protesta se desencadenó luego de que la fiscalía resolviera suspender una pericia interdisciplinaria clave a la que debía someterse el religioso. La decisión judicial se adoptó tras un planteo de la defensa de Nicola, que argumentó que el imputado atravesaba un cuadro de "estrés". La resolución generó un profundo malestar entre las familias denunciantes, quienes remarcaron el contraste entre las facilidades otorgadas al religioso y el rigor del proceso sobre las víctimas, dado que los niños continúan siendo sometidos a constantes instancias periciales y ya se concretaron seis entrevistas en Cámara Gesell que fundamentan la acusación.
El transcurso del expediente mantiene al sacerdote Nicola en libertad y sin atribución formal de delito en la sede judicial, un estado procesal que le permitió eludir los límites fijados incluso por la propia estructura eclesiástica. Si bien en junio pasado el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, había dispuesto su apartamiento preventivo de las funciones ministeriales, a fines de julio el cura fue filmado mientras encabezaba una misa en la Catedral de la capital provincial. Ante este escenario, las familias exigen que el Ministerio Público Fiscal acelere las medidas pertinentes, formule las imputaciones correspondientes y garantice el debido acceso a la justicia para las infancias afectadas.
