La provisión de medicamentos del Programa Nacional Remediar a la provincia de Córdoba atraviesa una fuerte contracción que impacta de manera directa en la atención primaria de la salud de sus 427 municipios y comunas. En septiembre de 2026, el botiquín enviado por la Nación quedó limitado a solo seis medicamentos destinados de forma exclusiva a tratamientos cardiovasculares. La cifra marca un drástico recorte frente a los 119 fármacos que incluía en 2023, lo que representa una pérdida del 95% en su variedad.
Ante este panorama, el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, se reunió con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para transmitirle la preocupación por la medida. Con el esquema vigente desde septiembre, el programa dejó de proveer antibióticos, analgésicos, antiasmáticos, tratamientos para la diabetes y suplementos vitamínicos, perdiendo la cobertura integral para las afecciones más frecuentes que se atienden en los dispensarios. La baja en la variedad fue progresiva: de los 119 medicamentos de 2023 se pasó a 91 en 2024, a 88 en 2025 y a 56 en abril de 2026, hasta reducirse a los seis actuales.
El ajuste también se evidencia en el volumen de los insumos. Entre enero y septiembre de 2026 llegaron a la provincia 4.215 botiquines y 675.490 tratamientos, lo que significa una caída del 47% y del 47,5% respectivamente en comparación con el mismo período de 2025. En términos financieros, el valor real de los medicamentos transferidos disminuyó un 48,9% al descontar el efecto de la inflación.
Esta merma profundiza un deterioro que venía registrándose en años anteriores. Mientras que en 2022 Córdoba había alcanzado el nivel más alto del registro con 18.630 botiquines y 3.803.319 tratamientos, en todo 2025 los envíos cayeron a 10.658 botiquines y 1.747.622 tratamientos (un 43% y un 54% menos, respectivamente), con una pérdida del 43% en su valor real.
La reducción de la presencia del Remediar compromete la capacidad operativa del primer nivel del sistema sanitario. La falta de cobertura para patologías habituales obliga a volcar más recursos provinciales y municipales para la compra de insumos y aumenta el riesgo de que la población dependiente del sistema público enfrente barreras para dar continuidad a sus tratamientos.
