A través de colocaciones a plazo fijo de la ANSES en el sistema bancario, el Ministerio de Economía instrumentará un nuevo esquema para forzar una baja en las tasas del mercado inmobiliario. La medida, que reabre el debate sobre la utilización del capital previsional para financiar préstamos de largo plazo, tendrá su primera prueba piloto la próxima semana con topes de UVA + 7,5%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, puso en marcha el marco operativo de un programa orientado a reactivar el crédito hipotecario mediante la inyección de liquidez proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El mecanismo consiste en licitar depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) más un diferencial (spread). Estos recursos, originados en los activos de la ANSES, deberán ser volcados de manera exclusiva por las entidades financieras al otorgamiento de préstamos para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.
Para medir la recepción del sistema financiero y la efectividad de la tasa de corte, la primera licitación se concretará la semana próxima por un monto inicial de $200.000 millones.
El diseño regulatorio establece pautas estrictas para los bancos que capten estos fondos, buscando perforar los costos vigentes en la plaza comercial:
Tope de tasa: Los créditos otorgados bajo esta línea no podrán superar una tasa máxima de UVA + 7,5%. Este límite opera como una reducción frente a las alternativas tradicionales del mercado, donde las líneas de la banca pública —como el Banco Nación— se ubican en torno a UVA + 9,4% para clientes con sueldos acreditados.
Plazo de devolución: Se fija un mínimo de 15 años.
Monto máximo: El tope prestable por solicitante se establece en 150.000 UVAs, equivalentes a algo más de 200.000 dólares.
La decisión de utilizar capital del FGS para dinamizar el mercado de la construcción y la vivienda vuelve a encender una controversia histórica en la Argentina sobre el destino de las reservas de la seguridad social.
Por un lado, el equipo económico defiende la operatoria bajo el argumento de que la colocación de plazos fijos indexados por UVA garantiza una rentabilidad financiera para el fondo previsional, evitando que el dinero pierda valor frente a la inflación y generando un canal de fomento para la economía real.
Por el otro, sectores gremiales, técnicos y legislativos opositores advierten sobre los riesgos de inmovilizar activos destinados originalmente a la sustentabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones en instrumentos a 15 o 25 años, en un escenario económico donde los haberes previsionales atraviesan severas tensiones presupuestarias y cuestionamientos por su poder adquisitivo.
Durante la presentación del esquema, el Palacio de Hacienda detalló ejemplos numéricos de repago, aplicando en todos los casos la restricción macrofinanciera que impide que la cuota inicial supere el 25% de los ingresos netos conjuntos del grupo familiar. Asimismo, se aclaró que los créditos no cubren la totalidad de los inmuebles, por lo que los adjudicatarios deben contar con ahorro previo y fondos líquidos para afrontar los gastos de escrituración.
Segmento de menor escala (Vivienda de USD 50.000): El modelo oficial proyecta una cuota inicial aproximada de $405.500. Para cumplir con la relación cuota/ingreso del 25%, el hogar demandante deberá certificar ingresos netos conjuntos de $1.622.000.
Segmento de propiedad media (Inmueble de USD 106.667): Tomando un financiamiento equivalente al 75% del valor de la propiedad, el monto del crédito asciende a $120.920.000. Bajo un plazo de 25 años y una tasa estimada en UVA + 7%, la primera cuota mensual se ubicaría en $865.098, exigiendo un ingreso familiar neto de $3.460.391.
