La medida se formalizó a través del Decreto DFC-2026-832, firmado hoy por el intendente Leonardo Viotti, por trabajos ejecutados en octubre, noviembre y diciembre de 2023. Los certificados corresponden al último trimestre de la gestión nacional de Alberto Fernández y debían ser cancelados en el inicio del gobierno de Javier Milei. Pese a que la obra se terminó de acuerdo a lo pactado, la "motosierra" aplicada sobre las obras públicas, sin importar el grado de avance que las mismas tuvieran, generaron un perjuicio económico a la empresa contratista, que podía accionar judicialmente contra el municipio, responsable último de los trabajos efectuados, ya que se trataba de una obra financiada por Nación pero contratada por el municipio.
Nación incumplió, Rafaela responde
Las obras de urbanización se efectuaron en los 315 lotes del Instituto Municipal de la Vivienda y formaron parte del Plan Nacional de Suelo Urbano, promovido por el entonces existente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Por convenio, la Municipalidad licitó la obra y la Secretaría de Desarrollo Territorial se obligó a transferir los fondos a medida que el Municipio enviaba los certificados. Incumplió gravemente esas obligaciones e interrumpió los pagos.
Como la obra estaba terminada, se presentaron los certificados correspondientes. Ante la falta de envío de fondos de Nación, el Municipio decidió hacerse cargo de la deuda con la empresa contratista para que no se generen perjuicios y se cumpla con los vecinos.
“Nos encontramos con una deuda que no generamos, por obras que ya están terminadas desde 2023 y que benefician a 315 familias rafaelinas. Nación no mandó el dinero del convenio. Ahora el Municipio se hace cargo y va a pagar para que la obra quede regularizada y las empresas no se fundan por culpa del Estado Nacional”, afirmó el intendente Leonardo Viotti.
Evitar juicios y garantizar obra
El Municipio resolvió regularizar la deuda para evitar un futuro litigio que afecte el desarrollo de los 315 lotes ubicados en Concesiones 203 y 204. El pago se formalizará en 3 cuotas de $128.333.333,33 a los 30, 60 y 90 días.
“Podríamos haber judicializado y que esto duerma años en tribunales. Elegimos pagar con fondos propios, porque la obra ya está terminada, y después ir a reclamarle a Nación cada peso. Primero están los vecinos y las empresas locales, después la pelea política”, sostuvo Viotti.
Acciones legales contra Nación
El decreto deja expresamente establecido que la Municipalidad iniciará acciones legales de recupero contra el Gobierno Nacional, a través del Ministerio, Secretaría o Subsecretaría que corresponda, por ser quien debía financiar los trabajos.
“Rafaela cumplió con todo lo que le correspondía para que Nación girara los fondos. Licitamos, controlamos y certificamos. No hubo observaciones ni incumplimientos de nuestra parte. El que incumplió fue el Estado Nacional. Ahora que Nación le pague a Rafaela”, remarcó el secretario de Infraestructura, Nicolás Asensio.
Obra terminada, pese a Nación
Las obras de infraestructura básica para los 315 lotes incluyeron redes de agua, cloacas, energía eléctrica y apertura de calles. Fueron finalizadas a fines de 2023 y resultaron claves para avanzar con el acceso a la tierra de cientos de familias rafaelinas.
“Esta es la diferencia entre un Estado que abandona y un Municipio que se hace cargo. Mientras Nación se borra, Rafaela paga, terminó las obras y defiende a su gente”, concluyó Viotti.
El convenio fue suscripto el 24 de junio y ratificado por decreto este 25 de junio. Fue refrendado por los secretarios Nicolás Asensio, Germán Bottero, Silvina Bravino e Iván Viotti.
