Otra grave denuncia sacude a la Policía de Córdoba. Tres de los cuatro policías denunciados por obligar a una mujer a mostrar fotos íntimas fueron pasados a situación pasiva mientras avanza la investigación. El hecho ocurrió en la localidad de San Francisco del Chañar, ubicada en el norte provincial.
El hecho ocurrió en la localidad de San Francisco del Chañar y es investigado por la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, quien confirmó irregularidades en el accionar de los efectivos y no descartó la configuración de delitos más graves.
Explicó que el 25 de noviembre del año pasado se produjo un robo en un almacén, del cual sustrajeron dinero —en pesos y dólares—, mercadería y otros elementos. A partir de la denuncia, se iniciaron distintas líneas investigativas que no lograron determinar a los autores, entre ellas una hipótesis que incluía a la mujer que hoy figura como denunciante.
La fiscal detalló que, en un primer momento, la mujer fue citada como testigo, pero que con el avance de la investigación pasó a ser considerada sospechosa. "Cuando una persona es sospechada, ya tiene que ser tratada con otro carácter, porque tiene garantías constitucionales: no está obligada ni a declarar ni a exhibir un teléfono, y debe contar con asistencia letrada", explicó.
En ese marco, Cepede señaló que el procedimiento fue irregular desde el inicio: "Si yo traigo a una persona en calidad de sospechada, lo primero que tengo que hacer es hacerle saber esa condición y sus derechos. Aquí eso no ocurrió". Agregó que el acceso al celular también fue indebido: "La única posibilidad de acceder al contenido de un teléfono es a través de una orden de autoridad competente, como un juez, lo que no sucedió".
Según la fiscal, los policías le solicitaron a la mujer que exhibiera su teléfono y ella lo entregó "voluntariamente", aunque en un contexto en el que desconocía sus derechos. "Ahí se configura la primera irregularidad procesal", sostuvo.
Además, confirmó que los efectivos habrían accedido a material que "no tenía nada que ver con el hecho principal", en referencia al robo investigado, y que correspondía a la esfera íntima de la denunciante. "Se trata de cuestiones que hacen netamente a su reserva personal e íntima", subrayó.
Cepede también confirmó que, tras ese episodio, se realizó un allanamiento en el domicilio de la mujer, donde se secuestraron otros dispositivos, pero insistió en que "el problema base" fue el procedimiento inicial.
Respecto de las posibles consecuencias legales, la fiscal indicó que el caso podría encuadrarse en abuso de autoridad, aunque advirtió que la situación podría agravarse. "Cuando hay una vinculación entre el hecho y las secuelas psicológicas posteriores, como en este caso, donde la mujer intentó quitarse la vida, la calificación legal puede agravarse notablemente", explicó.
En ese sentido, señaló que la víctima actualmente se encuentra bajo tratamiento de salud mental y que se analiza si las consecuencias derivadas del hecho pueden constituir lesiones leves, graves o gravísimas. "Si se acredita el vínculo entre lo ocurrido y el daño psicológico, puede cambiar sustancialmente la imputación", afirmó.
La fiscal informó que aún no tomó declaración directa a la mujer, ya que espera un informe de un equipo técnico compuesto por un psicólogo y una trabajadora social que determine si está en condiciones de hacerlo. "El testimonio es clave. Por ahora contamos con la denuncia presentada por su abogado", indicó.
En paralelo, Cepede explicó que la fiscalía lleva adelante dos investigaciones independientes: una por el robo original y otra por la conducta de los efectivos. Además, confirmó que se dio intervención al Tribunal de Disciplina Policial, que dispuso que los agentes involucrados permanezcan en situación pasiva.
