¡LIBERTAD PARA PAOLA ORTÍZ! Emergencia obstétrica no es delito

El caso de Paola en Argentina, así como los de miles de mujeres en el mundo, muestra cómo el sistema penal continúa criminalizando a las mujeres pobres, aplicando mandatos patriarcales sobre cómo debe comportarse una “buena madre”.

CÓRDOBA19/11/2025Pérez NataliaPérez Natalia
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Paola Verónica Ortiz es una mujer cordobesa que lleva 13 años presa injustamente. En 2012 atravesó un parto en avalancha, sin asistencia médica ni acompañamiento, en condiciones de extrema vulnerabilidad y violencia. Tras un nacimiento sin vida, la justicia la condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo.

Al momento de los hechos, Paola tenía tres hijos, no había terminado la escuela secundaria, vivía en una habitación prestada y no tenía un trabajo formal. El embarazo y el parto ocurrieron en absoluta soledad, sin redes de contención, sin recursos materiales ni apoyo emocional, atravesada por años de violencia física, sexual  y económica. Desde finales de 2022, Rocío García Garro y Julia Luna -integrantesde la Guardia de Abogadas feministas de CDD Argentina- asumieron su defensa con enfoque de género y derechos humanos, comprendiendo que su causa debe ser revisada de manera urgente por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Paola Ortiz no solo fue víctima de violencia de género, sino también de violencia institucional y judicial.

El caso de Paola en Argentina, así como los de miles de mujeres en el mundo, muestra cómo el sistema penal continúa criminalizando a las mujeres pobres, aplicando mandatos patriarcales sobre cómo debe comportarse una “buena madre”. Como organizaciones comprometidas con los derechos humanos, exigen su absolución y libertad inmediata. Nunca más presas por parir.

Falta de pruebas

Paola fue condenada sin que existieran pruebas concluyentes sobre el nacimiento con vida del producto de una gestación ocurrida en un marco de extrema vulneración de derechos. Esa injusta condena fue construida en base al testimonio de un policía y una pericia científica —la docimasia pulmonar— ampliamente cuestionada por su falta de fiabilidad. El informe forense incorporado en la causa señaló expresamente la duda respecto de este punto. Sin embargo, la fiscalía erigió la acusación sobre hipótesis y suposiciones que nunca pudieron demostrarse. En un proceso plagado de irregularidades y prejuicios, fueron descartadas líneas de investigación fundamentales para dar cuenta de la muerte fetal en el marco de un parto en avalancha, una situación médica de emergencia que impide el acceso oportuno a la atención sanitaria.

Una condena injusta basada en prejuicios

Durante todo el proceso, Paola fue juzgada desde mandatos patriarcales y estereotipos de género. La justicia la responsabilizó por no haber cortado el cordón umbilical o solicitado ayuda inmediata. Le reprochó no haber realizado maniobras propias de cualquier profesional médico especializado para hacer frente a una situación de emergencia obstétrica. Desconoció así las condiciones reales del hecho, el contexto de violencia estructural y extrema vulnerabilidad que atravesaba Paola, reafirmando una visión punitiva hacia las mujeres pobres que no encajan en el estereotipo de lo que debe ser y hacer una "buena madre".

Negligencia en la defensa

La defensa oficial vulneró el derecho de Paola a una representación adecuada y justa. Puso un manto de dudas sobre su relato de inocencia, sin pedir su absolución a pesar de la falta de pruebas contenidas en la causa. Además, omitió presentar el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, privándola de la posibilidad de revisión efectiva de la sentencia. Esta operatoria, negligente a nivel jurídico, posibilitó consolidar esta condena injusta.

Maternidad castigada

Durante su detención, Paola tuvo dos hijos. Uno de ellos fue dado en adopción pese a su expreso deseo de maternar, mientras que su segundo hijo permanece bajo el cuidado de sus tíos paternos. El cuidado del niño fue dispuesto en favor de sus tíos a solicitud expresa de Paola y con la intervención de sus abogadas defensoras.

Lejos de garantizar sus derechos como madre, el Estado -ese que le reprochó no haber actuado debidamente ante una emergencia obstétrica- profundizó su desamparo, negándole el derecho a parir en condiciones dignas, decidir con autonomía y acompañar la crianza de sus hijos.

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Es la segunda que toma estado público tras la presentación original de una madre que afirma que su bebé murió producto del procedimiento durante el parto. “Hay un caso más, que menciona la propia denunciante, que habría ocurrido ese mismo fin de semana”, admitió el fiscal Ernesto de Aragón.

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