
El fotógrafo sufrió graves lesiones tras el ataque en la represión del 12 de marzo.
Pequeños y medianos productores quedaron afuera de esta medida de excepción. Ni qué hablar de las pérdidas para el Estado, que se privó de recaudar. Un gran fraude, mientras el Gobierno niega recursos para discapacidad, jubilaciones o universidades.
EL PAIS26/09/2025
La fugaz política de "retenciones cero", que duró apenas tres días, desató un escándalo de proporciones y es calificada por periodistas especializados como "uno de los fraudes más grandes" de los últimos tiempos. La medida, que debía extenderse hasta el 31 de octubre, terminó beneficiando de manera exclusiva a una docena de grandes empresas agroexportadoras, que se habrían apropiado de unos 1.500 millones de dólares que debían ir a las arcas del Estado o al bolsillo de los productores.
Según las denuncias de los periodistas Rosalía Costantino (C5N) y Matías Longoni (Bichos de Campo), el gobierno de Javier Milei, a través de los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo, habilitó un mecanismo que permitió a este selecto grupo de empresas registrar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por miles de millones de dólares en tiempo récord, agotando el cupo y dejando fuera de juego a los productores.
Cómo se apropiaron de los u$s1.500 millones
La maniobra, según explican los informes, fue simple y contundente. Y llevó a que en tiempo récord embolsaran ganancias extraoridinarias unos pocos, la casta que tanto el Gobierbo Nacional declama que combate.
Declaración sin mercadería: Las grandes exportadoras registraron ventas masivas al exterior sin tener aún la soja comprada. Costantino detalla que incluso se declaró un 29% de soja que "aún no se sembró".
Garantía de no pagar: Al registrar las DJVE con retenciones cero, se garantizaron la exportación futura sin pagar el impuesto.
Descuento al productor: Cuando finalmente compren esa soja a los productores, les descontarán la retención del 26% (que ya fue restituida), quedándose con esa diferencia.
"Lo cierto es que esos 1.500 millones no los recibirán ni los productores ni el Estado. Quedarán en manos de una decena de empresas agroexportadoras", sentenció Longoni, quien calificó la situación como un "afano a mano armada" con el aval del propio Estado.

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