Pullaro y Kiciloff cobraran impuestos al nuevo blanqueo por temor a lavado narco

Tras el anuncio del "Plan Colchón" por parte del presidente Javier Milei y su intención de no investigar a aquellos que minoristas que blanqueen dólares, la provincia de Santa Fe y la de Buenos Aires  anunciaron  que tendrá un acercamiento más "cauto" a esta medida nacional para evitar el lavado de activos por parte del narcotráfico. 

 El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se presentó en el panel "Federalismo en la Argentina competitiva" en el AmCham Summit 2025 junto a Martín Llaryora de Córdoba. Allí, el santafesino dio a conocer su opinión sobre el proyecto que encara el gobierno nacional. El presidente Javier Milei ha anunciado un nuevo plan para permitir el uso libre de dólares no declarados, conocido como el "Plan Colchón". Este plan busca incentivar la incorporación de aproximadamente u$s 200.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal.

Pullaro advirtió que ya en el blanqueo anterior su administración investigó quiénes eran las personas que habían blanqueado con una mirada específica para estar seguros de que no haya ningún fondo que sea directamente ilegal o que provenga de las economías criminales y que se pueda blanquear.

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En contraposición con las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional para incentivar el ingreso de dólares no declarados al circuito formal, la provincia de Buenos Aires reafirmó su decisión de mantener sin cambios su esquema de fiscalización tributaria. Tanto el gobernador Axel Kicillof como el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, coincidieron en que el relajamiento del régimen informativo por parte de ARCA constituye, en la práctica, un blanqueo encubierto pero sin el respaldo normativo correspondiente.

“Mucho ruido y pocas nueces”, lanzó Kicillof en una conferencia de prensa este lunes por la mañana, al referirse a los anuncios encabezados por el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo. “Pareciera ser un intento de blanqueo permanente, pero sin aprobación legislativa. La normativa sobre investigaciones patrimoniales y sobre el origen de los fondos no ha cambiado”, agregó.

 
El Gobernador remarcó que lo único que varió fue el régimen informativo que actuaba como una alerta temprana ante operaciones sospechosas, como la compra de bienes por montos desproporcionados respecto de los ingresos declarados. “Antes, si alguien sin ingresos o con un salario bajo empezaba a comprar vehículos o inmuebles por 50 mil dólares al mes —más de medio millón de dólares al año—, eso generaba una alerta. Ahora, ese umbral se elevó y la alerta desaparece”, advirtió.

 

Desde ARBA, el posicionamiento fue igualmente firme. En un comunicado oficial, su titular, Cristian Girard, cuestionó la falta de claridad en los anuncios del Ejecutivo nacional y sostuvo que las medidas “carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva”. Además, consideró que se trata de un manotazo de ahogado ante las dificultades para acumular reservas durante la liquidación de la cosecha gruesa.

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