Imputaron al jefe y dos numerarios de la Alcaidía de Rafaela: 56 celulares, trato preferencial tarifado y las peores sospechas

Tres efectivos policiales fueron imputados formalmente por diversos delitos, entre ellos los de coacción agravada, por una serie de graves irregularidades que se cometían en la Alcaidía de Rafaela, y que quedaron bajo la lupa de la justicia luego de una denuncia anónima que comenzó a ser desentrañada por la Fiscalía regional que comanda el Dr. Carlos Vottero, con la colaboración en el terreno de la división de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

Fueron imputados Norberto Núñez, quien venía oficiando como jefe de la Alcaidía de Rafaela; y los numerarios Cristian Pablo Montiel y Alejandro Adolfo Farías, quienes cumplían funciones en la misma dependencia. Todos están siendo representados por el abogado penalista Carlos Farías Demaldé. Los hechos fueron atribuidos por la fiscal Fabiana Bertero, en una audiencia pública que presidió el Dr. Gustavo Bumaguin y que fue realizada por vía zoom. Como siempre se aclara en estos casos, las imputaciones no implican comprometer el principio de inocencia que pesan sobre todos cualquier imputado, sino que se trata de conocer los delitos que se le atribuyen y por los cuales están siendo investigados quienes se encuentran en el banquillo.

 
Hechos y calificaciones
Si bien los hechos fueron presentados en forma muy breve por la fiscal Bertero, quien se guarda los detalles principales para la audiencia de medidas cautelares que se hará desde las 8 de este martes, lo que se pudo conocer es que sobre Núñez, por su responsabilidad al frente de la Alcaidía, pesan las mayores acusaciones.

Según Bertero, a fines de enero de este año Núñez solicitó a un interno la suma de un millón de pesos a fin de evitar el traslado del sujeto a otra unidad penitenciaria. También se le endilgó haber facilitado a otro interno, en forma regular entre mayo de 2024 y marzo de este año, el acceso a un teléfono celular para que se comunicara con el exterior desde la cocina de la Alcaidía. Esta práctica habría sido algo habitual en la Alcaidía, siendo una "caja" sobre cuyo reparto aún no hay precisiones.

La saga de episodios bajo investigación incluye el suministro de teléfonos celulares y la posterior "recuperación" de los mismos en los momentos previos a las requisas (en pabellones y celdas de la Alcaidía) ordenadas por fiscales en distintas causas, lo que permitía burlar los controles. Núñez es señalado como responsable de haber instaurado un "tarifario" de entre 500 mil pesos y dos millones de pesos entre los internos, para mejorar condiciones de detención, o evitar traslados a otros sitios.

Según se confirmó, en las requisas fueron halladas sustancias prohibidas, entre ellas cocaína; y nada menos que 56 teléfonos celulares, que habrían sido parte del sistema organizado para facilitar las comunicaciones de los internos con el mundo exterior ;así como dos televisores Smart y otros elementos.

Revelaciones escandalosas
Bertero citó algunas evidencias que marcan la pauta de las revelaciones que podrán conocerse cuando se fundamente el pedido de prisión preventiva que hará para los tres implicados. Por ejemplo, mencionó que las investigaciones alcanzan a la señal de wifi de la estación de servicio YPF ubicada al lado de la Jefatura de la Regional V, que podría haber sido utilizada -según se deduce- para las comunicaciones prohibidas de los internos. También reveló que existen evidencias de que en una requisa ordenada por la fiscal Favia Burella se obtuvo el secuestro del teléfono que utilizaba un interno presuntamente para amenazar a su víctima, pero el secuestro del aparato no se mencionó en el acta de la requisa, para evitar aportar a Burella las pruebas que necesitaba.

A Núñez la fiscal le imputó los delitos de exacciones ilegales agravadas; abuso de autoridad reiterado en tres hechos; mientras que a Farias y Montiel también se le atribuyeron los delitos de exacciones ilegales agravadas como coautores. También les cabe la figura de encubrimiento agravado. Si bien las penas previstas para esos delitos varían entre mínimos que permiten la excarcelación de los investigados y máximos que sólo contemplan la prisión efectiva, la fiscal Bertero irá por el pedido de prisión preventiva para los imputados, toda vez que la información más jugosa se espera conseguir de los teléfonos celulares de los propios imputados, que también fueron secuestrados pero no forman parte de los otros 56 aparatos secuestrados en las requisas del domingo 23 de marzo. RAFAELA NOTICIAS