Advierten que el proyecto de decreto para desregular las prestaciones por discapacidad implica “retroceder 25 años” en derechos

El decreto afectaría a 200 mil personas con discapacidad que están recibiendo este tipo de prestaciones y a unas 100 mil personas trabajando para ofrecer las prestaciones.

EL PAIS 21 de mayo de 2024
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El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció hoy que el proyecto de decreto para desregular las prestaciones especiales dirigidas a esta población “generará desigualdad” porque implicaría “romper con un sistema” creado por ley hace 25 años y que “hasta la actualidad permite el acceso en igualdad de condiciones” a los tratamientos, cualquiera sea la cobertura de salud que se posea.

“El proyecto de decreto está presentado en la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia para ser firmado, no es un borrador como algunos andan diciendo. Creo que no ha salido por la ‘movida’ en contra que se ha ido generando y los diálogos que se han ido dando”, aseveró el coordinador del Foro, Pablo Molero, en conferencia de prensa.

Según la organización que representa, el decreto afectaría a por lo menos “200 mil personas con discapacidad (PCD) que están recibiendo este tipo de prestaciones” a través de obras sociales o prepagas y, por otro lado, a unas “100 mil personas trabajando para ofrecer este tipo de prestaciones”.

“Exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la atención de las personas con discapacidad, un derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”, agregó.

Es que, de prosperar esta normativa, implicaría “retrotraernos a la situación que se vivía antes de que existiese la Ley 24.901” -que creó en 1997 el Sistema de Prestaciones Básicas para las PCD-, cuando “había obras sociales que reconocían pagar algo y otras poco o nada y así ciertas PCD recibían atención o no según la obra social que tenían”

Por otro lado, “si los aranceles que se establezcan no llegan a cubrir el costo de las prestaciones, muchas instituciones o profesionales dejarán de atender a esta población porque no pueden sostenerse”, alertó Molero.

El pasado viernes 10 se conoció un proyecto de decreto que cuenta con el aval del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnoulo, y que está en estudio en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que establece que ya no habrá un costo único para cada una de las prestaciones del nomenclador, establecido por el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, a favor de las Personas con Discapacidad para todas las obras sociales, prepagas, Pami e Incluir Salud.

“Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente – y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”, dice el artículo 2 de este borrador de decreto al que tuvo acceso Somos Télam.

El documento

Frente a esto, el Foro integrado por 14 instituciones entre las que se encuentran Vitra, Don Orione y Apadea, elaboró un documento que fue leído hoy por su coordinador, Pablo Molero, en conferencia de prensa.

En este texto se recuerda que “actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la Ley 24.901”, así como “el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, Pami, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos” y cuyo monto “se debería ir actualizando según la inflación y los sueldos que establecen los sindicatos”.

El organismo responsable de esta tarea es el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad que está conformado por representantes del Pami, de la ANDIS, de Incluir Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT); así como por dos representantes de los prestadores y del Consejo Federal de Discapacidad.

“En el proyecto de decreto se establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, o sea que el Directorio, que tiene esta obligación por el Decreto 1193/98, no se ocuparía en adelante de esta tarea y así dejaría de escucharse, por lo menos, el parecer de quienes brindan estas prestaciones y que deben cumplir con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del Sistema”, dijeron.

En ese sentido, plantearon que “dejar en manos de los organismos financiadores del Sistema” la estipulación del arancel que ellos luego van pagar, “va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el certificado único de discapacidad (CUD) y una cobertura”.

“Ahora ¿cómo confiar que los financiadores van a hacer algo distinto a lo que están haciendo actualmente?”, se preguntaron.

Es que, según argumentaron, existe un “atraso arancelario” del 100% para los servicios de transporte y de un 45% para el resto de las prestaciones sólo “para ponerse a la altura de los aumentos que se han generado desde diciembre de 2023”.

“Si hoy los efectores no reconocen los reales costos teniendo que ir a una votación (en el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad) donde en minoría están los prestadores, se hace muy difícil de pensar que van a poner aranceles acordes, así como que quienes a regañadientes han atendido a las personas con discapacidad van a jugar a favor de esto”, dijeron. 

 FUENTE SOMOS TELAM

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