
Policías de la Caminera recuperan en la noche a tres niñas que habían escapado de la Residencia de Menores de San Francisco.
Situación sensible
Según la acusación, el imputado habría montado en la ciudad de Córdoba una sucursal de su empresa y mediante esta firma habría captado numerosas víctimas que aportaron grandes sumas de dinero.
POLICIALES - JUDICIALES 19/04/2024Elevan a juicio la causa por presuntas estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas que tiene como principal imputado a Edgar Adhemar Bacchiani. El Juzgado de Control y Faltas Nº 7 de la ciudad de Córdoba, a cargo del juez José Milton Peralta, confirmó el requerimiento de citación a juicio que dispuso la Fiscalía de Instrucción de 27° por la supuesta comisión de estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas.
Según la acusación, el imputado habría montado en la ciudad de Córdoba una sucursal de su empresa Adhemar Capital SRL. Mediante esta firma habría captado numerosas víctimas que aportaron grandes sumas de dinero para ser invertidas en criptodivisas.
Bacchiani firmaba contratos de mandato de inversión por seis meses y se comprometía a pagar mensualmente intereses que oscilaban entre el 13% y el 18% como así también a restituir el capital aportado al finalizar el contrato. Sin embargo, ni los intereses mensuales ni el capital invertido en criptoactivos les fueron devueltos a sus clientes. Los montos aportados por los más de 50 damnificados alcanzan, en algunos casos, los 200.000 dólares.
La defensa sostuvo que no se trataba de un hecho de estafa, sino de un incumplimiento contractual y, por lo tanto, consideraron que no existió engaño. Asimismo, esgrimieron que el imputado no había participado en los hechos ya que él no había contactado personalmente con los damnificados.
Para el juez hay "fuertes indicios" de la culpabilidad de Bacchiani
En relación con la existencia de la estafa, el juez Peralta concluyó que existen fuertes indicios para considerar que, desde un inicio, el imputado habría planeado no cumplir con las obligaciones contraídas, de modo que la maniobra se trataba de una estafa y no de un mero incumplimiento contractual.
Entre otros indicios, el magistrado valoró el hecho de que el imputado haya otorgado pagarés a título personal para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones; pero que, al mismo tiempo, haya colocado muchísimos de sus bienes a nombre de “testaferros”.
Asimismo, el juez Peralta consideró que, conforme sus ejercicios contables, la rentabilidad de la empresa en años anteriores había sido mucho menor a lo que Bacchiani prometía a sus clientes en estos casos. Esto, a criterio del tribunal, evidencia lo falaz que era su propuesta y, por ende, constituye otro fuerte indicio de la existencia de engaño.
Respecto a la participación de Bacchiani, el juez entendió que el imputado fue el autor mediato de los hechos. Pues, si bien quienes contactaron a los damnificados fueron sus dependientes, estos lo habrían hecho inducidos a error por el imputado. Puesto que, en principio, no habrían tenido conocimiento de la maniobra.
Situación sensible
Había sido acusado por tres trabajadoras de la obra social por haberles tocado los glúteos en su lugar de trabajo.
El 30 de septiembre se incendió una vivienda en el barrio Alberdi de la ciudad del sur provincial. El fiscal Daniel Miralles imputó de homicidio calificado por el vínculo a Mónica Rigotti, quien atraviesa una prisión domiciliaria.
A lo largo de casi dos años, distintos organismos intervinieron con denuncias, medidas de protección y alertas migratorias, pero la coordinación entre ellos fue limitada. Las advertencias sobre el riesgo que representaba Pablo Laurta nunca lograron transformarse en una protección efectiva para las víctimas.
Sería imputado por homicidio agravado "criminis causa". Posteriormente, se espera que esta misma semana sea trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
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Situación sensible
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