Amnistía criticó el ajuste en el plan de prevención del embarazo no intencional en la juventud

Amnistía Internacional Argentina advirtió que con el rediseño del Plan ENIA, que contempla la finalización del contrato de 619 profesionales y solo la continuidad del rol del Ministerio de Salud de la Nación en el seguimiento, control y compra de insumos; corre riesgo una herramienta que marcó una referencia en el continente para la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia.

"En Argentina, de cada 1.000 embarazos, 25 son llevados adelante por adolescentes. En América latina, el número asciende a 67", graficó Amnistía en un hilo de X (ex Twitter), para dar cuenta del impacto concreto que tiene el accionar de este programa.

"Para diseñar estrategias eficaces para la prevención de embarazos no intencionales en adolescentes no es suficiente con repartir insumos: se necesita asegurar que en todos los distritos se apoye con información y acompañamiento", subrayó la entidad, cuestionando la medida del gobierno de Javier Milei.

Agregó que "retirar el financiamiento de los puestos dedicados a llevar adelante el plan afecta directamente a su diseño" y que el envío de insumos requiere de recursos humanos que garanticen la implementación del plan en el territorio. "El Plan ENIA garantizaba, entre otras cosas, la aplicación equitativa en todo el país", indicó en ese sentido.

A continuación, compartió algunos números para explicar el impacto del Plan ENIA, que fue creado en 2018: "En 2017 se registraron 94.079 embarazos adolescentes y 2.493 niñas menores de 15, fueron madres. En 2022, se registraron 43,210 embarazos adolescentes, y 1.087 niñas menores de 15, fueron madres. Reducción del 50% en los casos".

Agrega Amnistía Internacional Argentina que "el embarazo no intencional en la adolescencia afecta la salud, la educación, la inserción laboral futura y por ende el desarrollo del país", y menciona como referencia a un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2019, en diez países de América latina, que refiere que solo el 38% de las adolescentes que se convierten en madres logran terminar el secundario, un 3% alcanza estudios terciarios y el 1% llega a la universidad.

Asimismo, respecto al ahorro que podría tener el Gobierno con este ajuste, subrayó la entidad que "el costo de prevenir un embarazo no intencional en la adolescencia es muy bajo comparado con los beneficios que ocasiona para la mujer y la sociedad en su conjunto".

"El impacto del Plan ENIA redujo el costo de oportunidad del embarazo no intencional en la adolescencia en más de 280 millones de dólares anuales. Esto implica un alto costo beneficio en términos socioeconómicos", agregó Amnistía y concluyó con una pregunta retórica: "El Plan ENIA es una excelente muestra de una política pública que trasciende gestiones, basada en la evidencia científica y que tiene resultados para mostrar. ¿Cuál es la razón para desarmarlo?"