Femicidas de uniforme: 1 de cada 5 femicidios es cometido por un integrante de las fuerzas policiales
La primera semana de septiembre comenzó con una terrible noticia sobre un nuevo femicidio reportado, y que una vez mas involucra a un integrante de las fuerzas de seguridad. Ezequiel Seia, sargento primero de la Policía de Córdoba en una comisaría de La Playosa, durante un discusión con su pareja, Romina Depetris, le disparó con el arma reglamentaria, asesinando a la mujer y luego se quitó su propia vida.
Este caso, no es un caso aislado, de acuerdo con el último informe de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de los 251 femicidios registrados en 2020, al menos 7 fueron cometidos por integrantes de las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 pertenecían a una policía provincial, 1 al Ejército y en el caso restante la Corte no accedió a datos sobre la fuerza a la que pertenecía. En 6 de los asesinatos se usaron armas de fuego, en al menos 4 se trata de sus armas reglamentarias.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional acuñó para estos crímenes la expresión “femicidios de uniforme”, un concepto nada antojadizo puesto que también engloba los casos cometidos por personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El ObservatorioLa Casa del Encuentro, publicó en 2020 el libro Por ellas… 10 años de informes de femicidios en Argentina, que reúne cifras y estadísticas sobre el tema entre 2008 y 2017. En estos 10 años de informes, se registran “157 femicidios cometidos por actuales o ex fuerzas de seguridad”.
En lo que va del 2021 la misma organización publicó hace días se produjeron 205 femicidios de los cuales 21 fueron perpetrados por agentes o ex agentes de las fuerzas policiales. Según el observatorio Mumala el 17 % de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad, es decir, que aumentó un 5% respecto a lo registrado en el mes de enero.
En el libro explican como "Las mujeres que están atrapadas en situaciones de violencia machista deben sortear mayores dificultades si sus agresores son o fueron parte de las fuerzas de seguridad. Esta circunstancia trae aparejada un aumento del riesgo, como así también un incremento en los obstáculos para pedir ayuda”.
Denuncias Internas
En la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura se registraron más denuncias de «violencia intrafamiliar» que de «violencia laboral». Entre 2018 y 2020, la Policía Federal recibió más de 300 denuncias por año. Por su parte, Gendarmería superó la barrera de los 400 hechos denunciados al año en 2018 y 2019, los cuales cayeron a poco más de la mitad en 2020.
En la Gendarmería, la mayoría de los denunciantes son suboficiales o civiles, y los denunciados son principalmente suboficiales. En ambos casos, los oficiales son una minoría. Ante estas denuncias, la principal medida es el informe administrativo. En 2020 se registró un aumento en los casos de restricción de armamento.
Hay algo del orden estructural de las fuerzas que funciona como un mecanismo inhibidor de las denuncias, un temor a las represalias”. Sofía Duarte es delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y trabaja en la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación explicó: “Lo que se conoce como la ‘familia policial’ es un ámbito cerrado, hermético. Las personas que sufren violencia de género suelen sentir que denunciar es faltarle el respeto a la institución y al uniforme”.
“Por eso también queda invisibilizado, es necesario que las mujeres policías se sientan seguras y que no sientan que su trabajo está en juego”, añadió
El arma reglamentaria
De acuerdo con datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), del total de femicidios cometidos con armas de fuego entre 2013 y 2018 (último dato disponible), 1 de cada 4 fue cometido por un miembro de una fuerza de seguridad.
Es por eso que se considera que “la portación de un arma reglamentaria aumenta las posibilidades de violencia letal”, según explicó González Ibáñez. Es por eso que una serie de resoluciones de los ministerios de Seguridad y Defensa determinan que ante casos de violencia de género se limite el acceso de los uniformados a armas de fuego.
Sin embargo, González Ibáñez considera que “existe poca información sobre los varones que ejercen violencia” y que para un cambio más significativo “es necesario un abordaje integral, no solo proteger a la víctima de violencia de género sino también prestarle atención al victimario. No darle solamente un curso aislado, debe ser una cuestión constante, que también incluya la atención en salud mental”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) posee una plataforma que “reúne datos actualizados sobre lesiones y muertes producidas por las fuerzas de seguridad argentinas para contribuir a monitorear sus intervenciones y orientar políticas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos”. Según publican, entre 2010 y 2010, solo en el AMBA, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías.
Una de las cuestiones que se repiten es el rol del arma reglamentaria. Los policías en general la portan las 24 horas. Hay episodios en que aparece como la herramienta con la que se hostiga, se amenaza o se infligen heridas sobre las víctimas", señaló Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS.
En 2020, el Ministerio de Seguridad reforzó su política para quitarle el arma reglamentaria a los agentes federales denunciados y Darraidou aseguró que "sería relevante extender esta normativa a todas las policías", refiriéndose también a las provinciales. Además, se hace necesario establecer otros mecanismos para la investigación en casos de femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad
Pérez Natalia
