La ordenanza fue presentado por grupos religiosos locales, y establece el aborto como una forma de violencia contra la mujer.
REGIONALES19 de diciembre de 2018
Pérez Natalia
La Asamblea Feminista de Rafaela convocó hoy a marchar frente al consejo de su ciudad para manifestar su oposición ante la sesión extraordinaria en el Concejo Municipal de Rafaela para tratar una iniciativa elevada por el grupo religioso Rafaelinos por la vida, se trata del el proyecto de ordenanza de protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer.
"No sólo plantea un retroceso de 100 años en materia de derechos, sino que habilita que siga habiendo Ana María’s Acevedos" expresaron las integrantes del grupo en las redes sociales. Además aseguraron que el proyecto pretende instituir con fondos estatales la persecución a mujeres gestantes con necesidad de abortos no punibles y a los profesionales de la salud que garanticen los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.
El derecho al aborto no punible, está contemplado en el art. 86 del Código Penal de nuestro país desde el año 1921, y su interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L” de 2012, resuelve que las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo en los siguientes casos: Si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social); y si el embarazo proviene de una violación.
La ordenanza fue presentado por grupos religiosos locales, conformado por las iglesias católica y evangélica. Ya existen antecedentes similares cuando se realizó la Declaración de Rafaela ciudad Provida y Profamilia en el año 2015.
El proyecto va en contra de la legislación vigente, cuyo dictado por el Congreso Nacional rige en todo el territorio del país, la propuesta también ignora que el Máximo Tribunal exhortó a las autoridades nacionales y locales a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios de atención de los abortos no punibles, siendo Santa Fe una de las pocas provincias que respeta dicha decisión institucional, contando con protocolos de actuación que cumplen con los estándares fijados.
No vamos a permitir ningún tipo de legislación que vaya en contra de los derechos que hemos adquirido con organización y lucha y menos aún permitiremos que grupos fundamentalistas ataquen nuestras libertades y decisiones y nos impongan su moral. Recalcaron.
El artículo 8 del proyecto establece que las prácticas abortivas, al afectar la salud de la madre, constituyen una forma de violencia contra la misma. Además proponen brindar educación sobre maternidad y entregar de forma gratuita test de embarazos.
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