Pérez Darío EduardoUn verdadero terremoto institucional sacude los cimientos del edificio de Tribunales Federales de Córdoba: en una resolución de 165 páginas que marca un hito sin precedentes en el máximo órgano de la Justicia Federal cordobesa, el juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, dispuso el doble procesamiento y un embargo millonario de 70 millones de pesos contra el camarista Abel Sánchez Torres, quien hace poco más de un año hacía planes para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el aval de los gobernadores "colaboradores" de Javier Milei.
El procesamiento de Sánchez Torres cayó como un bombazo en "La Torre", como se conoce en Córdoba a la sede judicial federal. No solo por la contundencia de las imputaciones -abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género-, sino porque pone al poderoso vicepresidente de la Cámara contra las cuerdas.
En el serpentario judicial ya se habla abiertamente de un acelerado escenario de salida: según fuentes tribunalicias, tras el mazazo judicial cobraron una fuerza abrumadora los rumores de que Sánchez Torres podría acogerse al beneficio de la jubilación. Su pareja, la también camarista Graciela Montesi, salió ilesa de esta causa, pero hay otras investigaciones en marcha.
La causa penal, promovida por los fiscales generales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano (de la Procuración General), desnuda una trama de internas feroces y abusos de poder.
El primer cargo contra Sánchez Torres responde al delito de abuso de autoridad en el expediente "Humanes", una causa por evasión tributaria vinculada a un directivo de la cerealera Bunge. En diciembre de 2023, el camarista firmó un decreto para integrar de forma irregular la Sala B con la jueza Graciela Montesi -quien era su pareja al momento de los hechos-, salteándose el régimen legal de subrogancias y el propio reglamento del tribunal.
El episodio derivó en una pesadilla para Celina Laje Anaya, entonces secretaria penal de la Cámara. Al advertir la ilegalidad de la maniobra, Laje Anaya se negó rotundamente a firmar el certificado que avalaba la maniobra.
A partir de allí, según la exhaustiva reconstrucción de la Justicia, Sánchez Torres desató un "patrón sistemático de hostigamiento, maltrato y persecución laboral". La embestida incluyó desde la remoción de su despacho a una oficina sin ventanas y una sobrecarga brutal de tareas, hasta presiones asfixiantes para forzarla a firmar una permuta que implicaba un descenso de categoría, reducción salarial y un perjuicio directo a su carrera. Para el juez Sánchez Freytes, la cadena de maltratos encuadró de forma provisoria como lesiones graves calificadas por violencia de género.
Aunque la fiscalía había solicitado el arresto domiciliario de Sánchez Torres por el riesgo de interferir con los testigos, Sánchez Freytes rechazó la medida amparándose en la inmunidad de arresto que le otorgan los fueros y en la falta de peligrosidad procesal estricta.
Sin embargo, el magistrado ordenó remitir copia inmediata del expediente al Consejo de la Magistratura de la Nación para que evalúe su desempeño. Con empleados de la propia Cámara declarando en su contra, en el fuero dan por descontado que el Consejo deberá intervenir de urgencia. Entre las opciones que se barajan en Buenos Aires se contempla la posibilidad de suspenderlo o dispuesto que trabaje desde su domicilio para frenar el desgaste institucional.
Por lo pronto, Sánchez Torres apelará los dos procesamientos ante el propio tribunal que integra -del cual deberá inhibirse-, mientras busca amortiguar el impacto económico del embargo de $ 70 millones sobre sus bienes.LA POLÍTICA ON LINE
La suerte procesal fue diametralmente opuesta para la camarista Graciela Montesi. El juez la sobreseyó formalmente en el caso "Humanes" al constatar que nunca fue notificada ni tuvo intervención real en las decisiones de su colega.
A pesar de este respiro para Montesi, las tormentas en Tribunales Federales distan de haber escampado. En la fiscalía de Hairabedián y Turano se mantienen abiertas dos líneas de investigación altamente sensibles que salpican al camarista procesado y a Montesi: un viaje a Punta del Este en un avión privado que estaría vinculado a la empresaria Pía Astori y el crecimiento patrimonial de la pareja, en particular de Sánchez Torres.
Con un procesamiento inédito, un embargo millonario y el expediente viajando a Buenos Aires, el sillón de Abel Sánchez Torres atraviesa su momento más crítico. La jubilación sería una salida elegante (y exprés).
Mientras tanto, la Cámara Federal intenta digerir la peor crisis institucional de su historia. Como se recordará, el tribunal acaba de recuperar su integración plena con seis miembros, después de cinco años de vacancias. Hace una semana juraron como camaristas Facundo Cortés Olmedo y Soledad Mancini. Los rumores sobre las eventuales jubilaciones de Sánchez Torres y/o Montesi vuelven a poner en jaque a la principal tribunal federal de Córdoba.
