Este martes comenzó en San Francisco el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann en noviembre de 2024.
El debate se desarrolla ante la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, con participación de jurados populares. Los acusados son Rocío Milagros Rauch, madre de Aralí; Matías Ezequiel Simeone, pareja de Rauch; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone.
El juicio es oral y público, aunque por la naturaleza de los delitos que se investigan existen restricciones para el ingreso y permanencia de la prensa y del público en la sala. La protección de la intimidad y de los derechos de Aralí atraviesa también la forma en que se desarrolla este debate.
Mientras comenzaba el juicio, familiares de Aralí se concentraron frente a los Tribunales de San Francisco para reclamar justicia.
Entre ellos estuvo Betiana, quien actualmente tiene a su cargo el cuidado de los hermanos de Aralí y que además deberá declarar como testigo durante el juicio.
Su planteo de este martes no se limitó a pedir una condena para las tres personas que están siendo juzgadas.
Betiana también señaló responsabilidades más allá de los acusados y puso el foco en quienes, antes del crimen, tenían funciones vinculadas con la protección de esos niños.
Ese reclamo vuelve a instalar una discusión que acompaña al caso desde antes de que comenzara el juicio: qué ocurrió con las intervenciones del sistema de protección de niñez, qué evaluaciones se realizaron y qué decisiones se tomaron antes de que los niños regresaran al entorno familiar.
La situación había sido intervenida previamente por organismos de protección. En 2024, la SENAF comunicó a la Justicia de Familia que el grupo familiar estaba en condiciones de avanzar hacia una revinculación y posteriormente se dispuso el cese de la medida excepcional de protección.
Por eso, el reclamo de la familia abre una segunda dimensión del caso: mientras este juicio deberá determinar la responsabilidad penal de quienes están acusados por la muerte de Aralí, también permanece la pregunta sobre las decisiones institucionales que se tomaron antes de noviembre de 2024.
Los tres acusados llegan al debate en situaciones procesales que deberán ser analizadas durante el juicio.
En el caso de Cristian Varela, su abogado defensor, Joaquín González, sostiene que su asistido era amigo de Simeone y que había concurrido a la vivienda por ese vínculo, negando su participación en el crimen.
Las acusaciones y las pruebas serán discutidas durante las distintas jornadas del debate. Será el tribunal, junto con los jurados populares, quien deberá establecer qué ocurrió y cuál es la responsabilidad penal que corresponde a cada acusado.
La primera jornada marca el inicio de un proceso que continuará este miércoles 23 de septiembre y tendrá otra jornada prevista para el martes 29.
Betiana también declarará durante el juicio. Su testimonio será uno de los que permita conocer, desde la experiencia de la familia, qué ocurría con los niños antes del crimen y qué situaciones habían sido advertidas previamente.
A casi dos años de la muerte de Aralí, el juicio deberá determinar responsabilidades penales.
