El femicidio de Rocío Gómez, de 27 años, ocurrido en Santa María de Punilla, pone en evidencia una grave falla del sistema de justicia en la prevención de la violencia machista. La autopsia confirmó que Rocío fue asesinada tras recibir múltiples heridas de arma blanca a manos de su expareja, Maximiliano Baudraco, de 40 años.
El crimen ocurrió en presencia de las tres hijas de Rocío (de 9, 6 y 2 años). El agresor fue trasladado al penal de Cruz del Eje y la fiscala de Segundo Turno de Cosquín, Silvana Páez, lo imputó por homicidio calificado por el vínculo y agravado por violencia de género (femicidio).
La causa expone una falla crítica en el circuito institucional de protección a las víctimas. Baudraco contaba con una condena condicional dictada en octubre de 2025 (dos años y dos meses de prisión por un hecho violento de 2023 contra la madre de Rocío) y una restricción perimetral para acercarse al domicilio familiar en Independencia y Echeverría.
Según confirmó la propia dirección del Patronato de Liberados, el organismo supervisó la situación e informó oportunamente a los tribunales que Baudraco no estaba cumpliendo con las pautas impuestas. Sin embargo, desde el Poder Judicial no se ordenaron las medidas correspondientes para revocar la libertad condicional ni para resguardar a la víctima, dejando a la familia en situación de absoluta desprotección.
El ataque se desencadenó durante la mañana del lunes tras una discusión iniciada por el agresor en la vivienda. En medio del hecho, la madre de Rocío logró salir a pedir auxilio a los vecinos, mientras las hijas mayores intentaron defender a su madre. A pesar de los pedidos de ayuda, Rocío falleció a causa de las heridas sufridas.
Las tres niñas quedaron bajo el resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF). La Justicia debe definir ahora un entorno seguro para la custodia de las infancias, garantizando la asistencia psicológica y social necesaria frente a la pérdida sufrida.
