La Ley Antibúnker y Antiaguantadero fue aprobada por la Legislatura este miércoles

La Legislatura de la Provincia aprobó este miércoles el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, que contaba con un fuerte impulso del gobernador Martín Llaryora.

Lo curioso fue que, horas antes de su tratamiento en el recinto de la Unicameral, el propio Llaryora encabezó un acto en la Sala Sonia Torres del Centro Cívico, flanqueado por los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el de Justicia y Trabajo, Julián López. Cuando se daba por descontada su aprobación (votos del oficialismo más de otros bloques), los funcionarios brindaron detalles sobre la iniciativa, que tiene por fin "crear un régimen específico para intervenir búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados vinculados a actividades delictivas".

El mandatario dijo en el Centro Cívico que la iniciativa constituye "una herramienta central" para profundizar la lucha contra el narcotráfico y sostuvo que "Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico". 

La iniciativa aprobada llegó tras un dictamen de consenso, que contempló propuestas y planteos de otros bloques. Así, hicieron aportes Oscar Saliba (Unión Cívica Radical) y Oscar Agost Carreño (PRO).  

El acto previo al debate legislativo del proyecto y su posterior aprobación, es leído como la intención del Ejecutivo provincial de afianzar las carteras de Seguridad y Justicia. En el caso del titular del  Ministerio de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se lo vio como un respaldo a su gestión, tras los cuestionamientos que tuvo después de la desaparición y posterior asesinato de la adolescente Agostina Vega, hecho que investiga el fiscal Raúl Garzón como femicidio. 

El proyecto aprobado, crea un régimen administrativo y judicial específico que permitirá actuar de manera temprana sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre edificios abandonados o deteriorados que favorezcan la comisión de hechos delictivos y afecten la convivencia ciudadana.