CAME le reclamó a Caputo que el ARCA suspenda ejecuciones y frene las multas al sector

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó un pedido formal y de carácter urgente al ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, requiriendo un paquete de medidas de resguardo financiero y fiscal para las pequeñas y medianas empresas de todo el país. La presentación se dio inmediatamente después de que el propio jefe de la cartera económica anunciara el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a reformar la actual legislación de en la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”.

En concreto, la CAME le solicitó al Palacio de Hacienda que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que, durante el denominado «período de espera» contemplado en las normativas, el organismo recaudador se abstenga de aplicar multas y sanciones punitivas a las pymes. Para la entidad pyme, resulta indispensable frenar el hostigamiento fiscal en un contexto donde la caída de las ventas dificulta el cumplimiento de los cronogramas tributarios habituales.

Plan de escala para multas y freno a los embargos de cuentas

La propuesta metodológica acercada por CAME al Gobierno nacional contempla una flexibilización en los esquemas punitorios de la ARCA. El gremio empresario demandó que, si un contribuyente pyme logra regularizar la obligación fiscal intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización del período de gracia o espera, la multa correspondiente sufra una reducción automática del 50%. Bajo el diseño planteado, la sanción económica sólo debería aplicarse en su totalidad una vez que se venza este último plazo complementario sin que la empresa hubiera cancelado el total de la obligación en mora.

De forma paralela, y atendiendo a que las modificaciones en danza poseen un origen estrictamente fiscal, la confederación patronal reclamó una suspensión temporaria de todas las ejecuciones fiscales y los embargos preventivos de cuentas bancarias que pesan sobre el entramado pyme. Desde los sectores comerciales advierten que el congelamiento judicial de fondos en el actual ciclo económico equivale directamente al cese de actividades y a la destrucción de puestos de trabajo por falta de liquidez operativa.

Moratoria en 48 cuotas y condonación de intereses

El planteo ante el Ministerio de Economía incorpora especificaciones técnicas respecto a cómo debería estructurarse una futura ventana de regularización de pasivos para que resulte verdaderamente sustentable. 

En esa línea, respecto, el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, detalló los alcances del plan de salvataje pretendido: “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. A su vez, dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”, explicó.

El fantasma de la reforma del FMI y el blindaje productivo

La presión de la CAME sobre el equipo económico de Caputo se inscribe además en un marco de debate internacional. El planteo de la entidad se produce en simultáneo con las recientes propuestas emitidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que viene recomendando e impulsando una reforma tributaria integral para la Argentina.

Frente a la posibilidad de que un nuevo ordenamiento impositivo incremente la presión sobre los sectores regulados, la organización que representa a las pymes considera vital que el Estado atienda sus reclamos de forma urgente. La entidad empresaria argumentó que el otorgamiento de estas facilidades operativas y plazos de gracia es una condición fundamental para resguardar de forma genuina el entramado productivo nacional, dotar de previsibilidad a la competitividad de las empresas locales y acompañar un desarrollo sostenible de la actividad económica que impida una ola generalizada de quiebras de comercios y talleres en las provincias.