Se conoció en las últimas horas que el director de una clínica de fecundación, un abogado y una empleada administrativa fueron procesados en una causa en la que se investiga la presunta comisión del delito de trata de personas dentro de la institución ligada a la subrogación de vientre.
La Justicia Federal procesó a José Pérez Alzaa, director de la Clínica Fecundart; a la administrativa Paula Liendo; y al abogado Nicolás Gigena.
“Si bien no toda maternidad subrogada es delictiva, esta se convierte en trata cuando el acuerdo está mediado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante”, se lee en el documento oficial.
En el caso se investigan supuestas maniobras vinculadas con la "gestación por sustitución", conocida también como “maternidad subrogada”.
“La instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro, mediando aprovechamiento deliberado de su situación de vulnerabilidad, constituye una modalidad de servidumbre”, expresó Alejandro Sánchez Freytes, juez federal 2 de Córdoba.
El magistrado sostiene que Alzaa realizaba “transferencias embrionarias sin autorización judicial previa, lo que se interpreta como una maniobra para eludir controles sobre la libertad del consentimiento”.
En Argentina está prohibida la subrogación onerosa o el pago por alquiler de vientre. La gestante debe actuar por solidaridad y en algunas ocasiones hasta se exige un vínculo afectivo o familiar.
