Frontera: entre el relato oficial y una violencia que no se investiga

El informe de la Fiscalía Regional 5 muestra una baja de la violencia a nivel provincial, pero sin desglose local. En ciudades como Frontera, esa falta de datos convive con señales de una violencia persistente vinculada a economías ilegales.
REGIONALES18/05/2026Pérez NataliaPérez Natalia

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El viernes 15 de mayo, en la Biblioteca Municipal de Frontera, el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Carlos María Vottero, presentó el Informe de Gestión correspondiente al período 2025 de la Fiscalía Regional 5.

Los datos del MPA presentan un panorama general en el que se busca destacar una baja en los niveles de violencia a escala provincial. En esa línea, se registraron 210 homicidios dolosos en 2025, con una tasa de 5,7 cada 100.000 habitantes, en el marco de un total de 855 personas heridas por armas de fuego en el mismo período.

Sin embargo, la información se presenta mayormente de forma regional, sin desagregar en detalle por localidad. No da cuenta de los homicidios sin resolver en Frontera y Josefina, ni de los múltiples ingresos de personas con heridas de arma de fuego provenientes de Frontera en el Hospital Iturraspe de San Francisco. Aun así, el propio informe describe a la ciudad santafesina como una zona con altas tasas de criminalidad violenta.

El informe también da cuenta de 63 intervenciones sobre puntos de venta de droga en toda la provincia y del secuestro de 472 armas de fuego, en un contexto donde la violencia aparece fuertemente vinculada a economías ilegales. En ese marco, se detalla que durante 2025 se realizaron nueve intervenciones para la inactivación de puntos de venta de droga, lo que representa una tasa significativamente elevada en relación a su población.

Estas intervenciones no son ajenas a Frontera: el propio municipio informa a los medios de comunicación cada vez que se derriba un “búnker”. Sin embargo, estas medidas actúan sobre el síntoma y no sobre la estructura que lo sostiene: se derrumba uno y se levanta otro.

A esta situación se suma una limitación estructural que distintos actores locales señalan como clave: la falta de arraigo territorial en las investigaciones. En ciudades como Frontera, los fiscales asignados no residen de forma permanente en el territorio, lo que puede impactar en la construcción de conocimiento local y en la continuidad de las investigaciones.

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