En los últimos meses se acentuó una narrativa que habla de “ola” o aumento de las falsas denuncias, sobre todo relacionadas a violencia de género. Sin embargo, un informe de los Ministerios Públicos Fiscales advierte que la falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal (0.09%), y que en realidad el principal problema sigue siendo el subregistro de la violencia real.
La senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, presentó en 2025 un proyecto que propone aumentar la pena de prisión por falsa denuncia hasta 6 años, con agravantes por falsas denuncias de delitos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual.
El Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales publicó un informe de relevamiento federal de las causas de falsas denuncias y falso testimonio, contenidas en los artículos 245 y 247 del Código Penal.
El documento indica que en las más de 8 millones de causas penales analizadas en las 17 jurisdicciones relevadas en 2023, 2024 y 2025, las denuncias falsas representan sólo el 0,09% del total.
También advierten que el principal problema sigue siendo el subregistro de la violencia real: el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida, pero el 77% no realizó denuncia alguna.
El Observatorio solicitó a cada jurisdicción que informe todos los “anoticiamientos que ingresan en los Ministerios Públicos”. De ese total, que fueron 8,2 millones, analizaron cuántos corresponden a investigaciones por hechos que se enmarcan en el delito de falsa denuncia.
La conclusión fue que “no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal. Los delitos que se dan en un contexto de violencia de género ya tienen el problema opuesto al que diagnostica el proyecto: no se denuncian suficientemente”.
Además, el informe advierte: “Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de sub acceso a la justicia que los propios datos del Estado argentino documentan”.
El informe explica que se buscó relevar también qué proporción de las falsas denuncias corresponde a violencia de género, integridad sexual, violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Lo que advierten es que no todas las jurisdicciones pudieron desagregar por tipo de conflicto, y que incluso algunos sistemas de gestión no permiten discriminar el conflicto antecedente de la falsa denuncia. “Esto constituye en sí mismo un hallazgo: la ausencia de datos desagregados revela un déficit estructural en los sistemas de información de los Ministerios Públicos”, indican.
De las 14 jurisdicciones que tienen información desagregada, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole (patrimoniales, vecinales, laborales, etc.) y sólo el 8% al ámbito de violencia de género/intrafamiliar.
