La Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, a cargo de Guillermo González, dispuso el agravamiento de la imputación de Maximiliano Sallito, el único detenido por el crimen de Vica Monteros, ocurrido el 12 de abril pasado en barrio Alberdi.
Tras receptarle su declaración, el fiscal dispuso la ampliación de la imputación inicial de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, incorporándosele el odio a la orientación sexual, hurto y daño.
Consultado por La Nueva Mañana, González explicó que "lo que justifica el agravamiento por crimen de odio son las circunstancias del caso, sobre todo y fundamentalmente las expresiones públicas que daba en redes sociales el imputado, donde se advirtió un discurso homoodiante que permaneció en el tiempo".
En la continuidad de la Instrucción, están previstas pericias psiquiátricas y psicológicas al imputado, y también pruebas de ADN; entre otras medidas.
Cabe mencionar que desde el mismo día del crimen, el imputado se encuentra alojado en el establecimiento penitenciario de Bouwer y que desde el inicio de la investigación, el entorno de Vica Monteros viene demandando que se encuadre el asesinato en la calificación de "crimen de odio".
Por caso, en una vigilia desarrollada frente a Tribunales I días atrás, en el marco del reclamo de justicia por Vica, miembros del colectivo LGBTTTIQ+ demandaron una Ley Antidiscriminatoria de Córdoba. "El asesinato de la Vica no es un hecho aislado, se inscribe en un hecho social donde la violencia y el prejuicio siguen existiendo", plantearon.
El caso de Vica vuelve a poner el foco en el marco normativo, que resulta insuficiente, para abordar de manera integral las múltiples formas de discriminación, una de las tres demandas colectivas que año a año, vienen reclamando las disidencias durante las marchas del Orgullo. Una demanda sostenida por organizaciones, activistas y una comunidad que conoce en primera persona, las consecuencias de la discriminación.
