Mientras los alquileres escalan por encima de la inflación y el poder adquisitivo se desploma, el Gobierno Nacional impulsa un proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que elimina garantías básicas y acelera los desalojos a niveles inéditos en la región.
En plena crisis económica, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos, el panorama para quienes alquilan está a punto de volverse aún más oscuro. Un análisis comparativo del proyecto de ley que planea la Nación revela que Argentina busca implementar el sistema de desalojo más agresivo y con menos protecciones para el inquilino de toda América Latina y España.
El proyecto establece que, ante la falta de pago, el plazo de intimación será de apenas 3 días corridos. Se trata de un tiempo récord que ignora la realidad de los procesos administrativos y bancarios actuales.
En perspectiva: Países como Brasil y España otorgan 30 días para purgar la mora. Incluso Uruguay, bajo su Ley de Urgente Consideración (LUC), otorga 10 días hábiles. Argentina sería el único país en reducir este margen a menos de una semana.
A diferencia de lo que ocurre en El Salvador, España o Uruguay, el proyecto argentino no contempla la posibilidad de que el inquilino detenga el desalojo pagando lo adeudado una vez iniciado el proceso. Esta eliminación de la "enervación" quita una red de seguridad vital para familias que, por un bache económico temporal, podrían quedar en la calle sin derecho a réplica.
Uno de los puntos más críticos es el reemplazo de la caución real por la caución juratoria.
En Brasil, para obtener una medida de desalojo inmediato, el propietario debe depositar 3 meses de alquiler como garantía ante posibles abusos.
El proyecto argentino solo exigiría una declaración jurada. Esto significa que el inquilino queda totalmente desprotegido económicamente frente a desalojos arbitrarios o injustificados, ya que no hay un respaldo financiero al que recurrir si la justicia luego determina que el desalojo fue indebido.
El análisis de los datos advierte sobre una "zona gris" peligrosa: el proyecto aplica mecanismos de desocupación inmediata (vía sumaria) tanto para ocupantes ilegales como para inquilinos con contrato que han caído en mora.
España, por ejemplo, separa estrictamente el "desahucio express" (para okupas) del procedimiento para inquilinos morosos. Argentina, bajo este nuevo esquema, borraría esa distinción, tratando de hecho a una familia con dificultades económicas bajo los mismos parámetros que a un usurpador.
Mientras la tendencia regional busca acelerar los procesos judiciales pero manteniendo garantías mínimas, el proyecto nacional parece ir a contramano, eliminando múltiples protecciones simultáneamente:
Resolución judicial en apenas 5 días.
Lanzamiento habilitado incluso en días y horas inhábiles.
Multas al propietario solo si ocultó hechos, pero sin frenos reales previos al uso de la fuerza pública.
En un contexto donde los contratos de alquiler devoran el 50% o más de los ingresos familiares, la implementación de un sistema que prioriza la velocidad del lanzamiento por sobre el derecho constitucional a la vivienda parece ser el certificado de defunción para la estabilidad de millones de hogares argentinos.
Dato clave: Ningún país de la región analizado reduce el plazo de intimación a menos de una semana, excepto el proyecto que hoy descansa en los despachos oficiales de la Nación.
