Cancillería: adjudicaron contrato por $114.044.133 a la asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), cerca de USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).

Esta entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020. 

La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue preparada por la esposa de Sturzenegger, Josefina Rouillet.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la adjudicación quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

El vínculo declarado y la intervención de los organismos de control

En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó constancia de que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional. La Oficina Anticorrupción incorporó un dictamen en el expediente que encuadró el vínculo como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet.

En función de ese resultado, el área de Compras y Contrataciones del Ministerio informó la situación tanto a la OA como a la SIGEN y recomendó la adopción de un “mecanismo adicional de transparencia”, que en este caso fue la suscripción de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada. Según consta en el expediente, la OA solicitó que, una vez firmado el instrumento, se le remitiera copia; posteriormente, Cancillería dejó asentado que el pacto fue efectivamente incorporado y comunicado a ese organismo.

El Pacto de Integridad es un acuerdo formal y obligatorio entre la entidad estatal contratante y la entidad contratada, diseñado para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en procesos de contratación pública. Compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos.

La contratación: modalidad, monto y fundamento

El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio.

La contratación se encuadró como Adjudicación Simple por Especialidad, figura prevista en el régimen de contrataciones del Estado para servicios considerados específicos. Al momento de la apertura, se registró una única oferta, presentada por la AACI, por el monto total luego adjudicado.

Antecedente 2024: otro contrato con AACI sin Pacto de Integridad publicado

Además del expediente 2025/2026, el portal COMPR.AR registra una contratación previa de Cancillería con la AACI. Se trata de una orden de compra de 2024 que, según la ficha pública, fue autorizada y perfeccionada el 20 de marzo de 2024, con vigencia desde el 20 de marzo de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024.

El objeto consignado es un “curso de capacitación”, por un total de $55.388.180, bajo modalidad de servicio. A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Además, al momento de la consulta, la orden de compra completa y las cláusulas particulares (pliego específico) no estaban disponibles para descarga, pese a que el resumen indica que el contrato se rige por esas condiciones.