Arcoíris —nombre ficticio utilizado para resguardar su identidad— cumple 10 años este 6 de enero y desde que tenía 2 manifestó haber sido víctima de abusos por parte de su abuelo paterno, José “Kuki” Vergara, ex jefe de Despacho de la Secretaría de Justicia de La Rioja, y posteriormente por su padre.
Delfina Silva Zarranz, su madre, denunció estos hechos ante la Justicia provincial, pero lejos de proteger a la niña, el sistema judicial avanzó durante años en decisiones que profundizaron la violencia.
El 17 de diciembre de 2025 se produjo un nuevo episodio de extrema gravedad: a las 7 de la mañana, una patrulla policial retiró a Arcoíris de su hogar para entregarla a su familia paterna, por orden de la jueza Ana Carla Menem, integrante de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja.
Arcoíris vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2022, con medidas cautelares de protección para ella y para Delfina. Pero a días de que inicie la feria judicial, el magistrado nacional de primera instancia Adrián Hagopian ordenó poner en suspenso las medidas cautelares para que se cumpla la orden de la jueza Menem, sin ninguna justificación ni notificación previa.
En diálogo con este medio, el colectivo ‘Justicia por Arcoíris’, explicó que al día de hoy ni su madre, ni la abogada fueron notificadas sobre los próximos pasos a seguir. Si bien se hicieron las presentaciones correspondientes no hubo respuesta.
«Todavía no hay ninguna garantía de que vayan a permitir volver a verla, ni a su madre ni a la familia de la madre. En pocas palabras, Arcoíris hoy está presa del sistema judicial riojano que actúa en contra de los derechos de las niñeces, de la voluntad de la menor que hasta el último minuto gritó que quería estar con su mamá y no ir ni a la Rioja ni con su padre«, enfatizó el equipo.
Y denuncian: «Ellos dicen que tiene que vivir con el progenitor en la provincia de La Rioja, desoyendo lo que Arcoíris manifiesta una y otra vez. Arrancándola de su hogar y obligándola a estar incomunicada con su madre. La feria judicial solo ralentiza este proceso».
El caso evidencia una trama de violencia institucional y patriarcal: la Justicia de La Rioja persiguió a la madre denunciante, la despojó de la responsabilidad parental sin plazos definidos, ordenó allanamientos reiterados, intentó su detención y buscó sostener la custodia de la niña en manos de quienes ella misma señaló como abusadores.
Recién en marzo de 2025, tras años de lucha sostenida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionó el accionar de la Justicia riojana al señalar que actuó con “rigor formal excesivo” y calificó la situación de «alto riesgo».
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz ordenaron revisar todas las actuaciones previas.
La CSJ se basó en el dictamen de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, que reconoció que la niña Arcoíris no “había sido debidamente escuchada en los procesos anteriores”. Además, sostenía que “las decisiones judiciales previas la habían revictimizado y expuesto indebidamente en los medios de comunicación locales mediante relatos distorsionados de la realidad”.
Para el colectivo ‘Justicia por Arcoíris’, que se haya cumplido con lo solicitado por Menem, se trata de una decisión que desconoce los estándares de protección de la niñez, ignora el fallo de la Corte Suprema y vuelve a colocar a una niña y a su madre en una situación de vulneración extrema.
