Las universidades realizarán un paro de 72 horas: exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Una consulta nacional que realizó el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) derivó en la resolución de llevar adelante un paro de 72 horas entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre para demandar la recomposición salarial del 45%, el aumento del Presupuesto 2026 y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, adelantaron que judicializarán el reclamo por la apertura de paritarias.

Asimismo, el ente que nuclea a gremios docentes universitarios de todo el país acordó afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el Gobierno no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada y ratificada por ambas cámaras del Congreso, pese al veto presidencial impuesto por Javier Milei.

Por su parte, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc) informó que adhiere a la medida nacional e incluso apuntó que junto a otros diez sindicatos docentes provinciales llevaron el mandato de suspender mesas de exámenes en los turnos de fin de año; pero aclaró que tras un extenso debate sobre la efectividad de dicha propuesta y su impacto en las trayectorias estudiantiles, la votación del Plenario decidió no suspender mesas de exámenes.

Como complemento del paro de 72 horas, Adiuc convocó a una asamblea general de afiliados y afiliadas para el viernes 14 de noviembre a las 16 en su sede gremial, para evaluar la continuidad del plan de lucha y también los avances en la paritaria local con la UNC.

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), aseguró que, hasta el momento, los salarios “no fueron recompuestos” y lamentó que, a pesar de haberse realizado una tercera marcha federal, no lograron que el Presidente “quiera cumplir con la ley”.

“Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, indicó.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto, sostuvo que la medida, además de exigir la aplicación de una ley que establece un aumento salarial, pretende “frenar el vaciamiento” de la educación pública.

“La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sentenció.

Asimismo, Celoto detalló que las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario y que “no pueden sostener más” las tareas que deben llevar adelante con los sueldos que perciben: “En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”, añadió.

Explicó que esta situación se traduce en “pedidos de cambio de dedicación”, es decir, de reducción de horas en las tareas, y alertó sobre las consecuencias a largo plazo de esta problemática porque “se están vaciando” los equipos de trabajo.