Un joven irá a juicio por editar videos de sus compañeras con inteligencia artificial (IA) y luego difundirlas sin su consentimiento. Las imágenes atentan contra la integridad sexual de las adolescentes. Hay por lo menos tres denunciantes.
La Justicia de Córdoba calificó los hechos como "lesiones graves calificadas por mediar violencia de género" en dos casos. La defensa de las chicas no descarta que se sumen otras causas. El acusado, mayo de edad, se opuso a la elevación a juicio pero el juzgado de control, ratificó la desición.
El abogado José D'Antona, representante de tres denunciantes, explicó que la edición de imágenes se realizó una técnica de inteligencia artificial conocida como "Face Swapping", por medio de la cual se colocaron fotos de las víctimas sobre un video con contenido pornográfico. El delito se enmarca en la Ley Olimpia, relacionada con la violencia digital.
Sobre la calificación legal, el defensor detalló a Cadena 3 que el Código Penal "prevé penas para lesiones leves, graves y gravísimas. Acá las lesiones son psicológicas y la Justicia determinó que son graves. Dado que median cuestiones de género". Respecto a una posible sentencia, el acusado podría ir entre tres y 20 años de prisión.
El letrado manifestó que la difusión de los videos causó un impacto negativo en la vidas de las víctimas, todas menores de edad, y que persite con ataques de pánico y ansiedad: "El daño psicológico fue determinado por pericias interdisciplinarias. Tuvieron una serie de padecimientos. En la adolescencia, imaginen lo que significa descubrir esto sin tu consentimiento. Pueden aparecer en búsquedas de internet, afectando su vida diaria y cotidiana".
¿Hay regulación para esto?
Argentina incorporó la violencia digital con perspectiva de género en la Ley 26.485 a través de la Ley Olimpia (Ley 27.736, vigente desde 2023). Esto permite que actos como la difusión de imágenes sexuales no consentidas puedan encuadrarse como lesiones graves (del artículo 90 del Código Penal), en lugar de simples contravenciones. Esta causa pone a prueba cómo este marco legal se adapta al uso de tecnología y la inteligencia artificial.
