Córdoba: ¿El caso Mercadito es una “anomalía” en la fuerza policial o la regla de funcionamiento?

 
El comisario general y subjefe de la Policía de Córdoba, Alejandro Mercado, era un hombre de aceitados contactos políticos y judiciales. Adentro de la Policía tenía numerosos enemigos, pero, pese a ello, siempre pudo esquivar el final de su carrera y regresar del freezer policial en varias oportunidades. “Mercadito”, como le decían, se movía “como pez en el agua” en Tribunales y dos de los fiscales más cercanos al poder político provincial (Rubén Caro -jubilado recientemente- y Raúl Garzón), le atendían siempre el teléfono, algo de lo que el subjefe se jactaba ante sus subordinados con frecuencia. Es parte de la leyenda.Por Fabián García En Redacción 

 
Sin banca en los mandos medios y con adversarios de peso en los mandos superiores, ¿qué hizo que “Mercadito” llegara al segundo lugar de la línea de conducción de la Policía? Las respuestas son variadas y las diferentes hipótesis requieren comprobación, sin embargo, las anécdotas de lo que sucedía puertas adentro del edificio de la Jefatura de Policía, en Córdoba Capital, permiten observar algunas pistas. Su enfrentamiento con la ex jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, era notorio, al punto que cuando la primera mujer en conducir la fuerza policial cordobesa dejó su puesto y supo que Mercado sería subjefe amagó con no participar del acto de traspaso.

 
Las diferencias eran tan marcadas con la anterior jefa, que, en su función como titular de Investigaciones Criminales, la dependencia, según cuentan las fuentes consultadas, había sido vaciada de recursos para reducir la capacidad de “brillo” del ahora detenido. Una típica puja de palacio, pero que revela la existencia de una protección especial de la que gozaba “Mercadito” para sortear los enfrentamientos internos en la fuerza policial. Si se quiere, en una escala menor, su situación guarda similitud con la del ex jefe del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier, que sorteó todas las denuncias en su contra hasta que el pasado 13 de diciembre fue detenido por corrupción en una causa que también instruye el fiscal Enrique Gavier.

 
Su caída en el amanecer del 3 de septiembre indica que su manto protector se desvaneció. Fue apresado en su casa de La Calera y llevado hasta la Jefatura para hacer los trámites de rigor y luego ser trasladado a Bouwer. En ese penal también se encuentra el excomisario general Gustavo Folli, también exsubjefe policial, acusado de haber liderado una asociación ilícita que funcionaba en la Dirección Bomberos de la Policía para fraguar habilitaciones ilegales para comercios, a cambio de coimas.

Ahora, Mercado fue acusado por Gavier de “encubrimiento agravado por su carácter de funcionario”. La investigación revela que el comisario general, habría estado involucrado en actividades relacionadas con una financiera ilegal y la venta de celulares y neumáticos robados.

 
Junto con Mercado fueron detenidos otros dos oficiales: el comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera, quien estuvo al frente de las Brigadas Civiles, y la subcomisaria Verónica Aguilar. Cabrera enfrenta cargos por asociación ilícita, falsa denuncia y falsedad ideológica, mientras que Aguilar está acusada de ser miembro de una asociación ilícita. Ambos eran parte de la Dirección de Inteligencia Criminal, que estaba bajo la supervisión de Mercado. Cabrera era la “mano derecha” de Mercado.

Otro dato clave sobre los posibles alcances que puede alcanzar este expediente, es que el empleado judicial Juan José Corzo, que también fue detenido, trabajaba en la Unidad Judicial 12 y pasó luego a la estructura de la Fiscalía del Distrito 1 Turno 2. Desde esa unidad judicial se dirigieron allanamientos en locales de la Galería Norte por venta de celulares robados en el tiempo en que Mercado conducía la Dirección de Investigaciones Criminales. Qué era real y qué fraguado es parte de la investigación que deberá completar el fiscal Gavier.

El resto de los detenidos son los integrantes de la banda que reducía y vendía celulares y neumáticos robados, además de comprar y vender dólares y prestar dinero. Entre ellos, se encuentra el sindicado como jefe de la banda, Roberto Monge, dueño de un histórico local de venta de celulares en la Galería Norte.

 
Los especialistas en seguridad consultados señalan que el robo de celulares y neumáticos es un “subnegocio delictivo” asociado, desde hace mucho tiempo, con el consumo de drogas. Es decir, las pequeñas bandas delictivas o delincuentes jóvenes roban para financiar su consumo personal o, en otros casos, hacer “extras” de sus rubros principales.

Este delito de sustracción de celulares y neumáticos es uno de los más sensibles en el crecimiento de la inseguridad. Es decir, de mayor impacto en la percepción social, ya que es el más extendido, aunque no sea el más grave. El hecho de que haya mandos superiores de la Policía involucrados en esta actividad abre el interrogante sobre la extensión de la mancha hacía el interior de la fuerza policial. La duda se potencia porque para que este tipo de delitos prosperen se requiere de cierta inacción de la Policía, esto es, de que son delitos que no proliferan solo como fruto del puro accionar delictivo y la cantidad de personas involucradas, sino de la existencia de “territorios” habilitados. ¿“Mercadito” y su equipo son la punta del “iceberg” de esta operatoria más amplia o sólo protegían e interactuaban con los reducidores? ¿O eran parte de las dos actividades?

Lo que relata en su columna el periodista Néstor Pérez muestra que el modo de actuar del ex subjefe de Policía podría indicar la existencia de un “negocio” más amplio.

Folli, el otro subjefe policial detenido, fue apresado por orden del fiscal Guillermo González después de la Navidad de 2023. Está acusado de liderar una organización que cobraba coimas para permitir la habilitación de comercios. Ahora, el que encubría el accionar de una organización que vendía celulares y neumáticos robados es Mercado, también subjefe al momento de ser descubierto. Por lógica, ninguno de los “jefes” es el que se ensucia los pies con barro, esa es una tarea que queda para otras jerarquías.

También que, en menos de nueve meses, dos subjefes policiales estén detenidos por participar de actividades delictivas, deja al descubierto que la Policía está teniendo vías de financiación delictivas y paralelas a las de su función.

 
El gobierno provincial ha intentado circunscribir el daño producido por el caso Folli y este, en el que aparece Mercado, como hechos individuales, no inherentes a prácticas y “negocios” de la misma Policía. Es un modo de minimizar las heridas políticas y sociales de semejantes escándalos. La cuestión es que su recurrencia pone sobre la mesa un problema mayor que es el manejo de la propia Policía. Está claro que el crecimiento de la inseguridad es consecuencia de causas estructurales que involucran lo social, lo cultural, y lo económico; y la existencia, entre otros, de un mercado delictivo muy redituable como el narcotráfico; pero también hay que sumar que el funcionamiento de la Policía condicionado por prácticas corruptas o involucrado directamente en el delito, alimenta este escenario.

 
 
No es nuevo en Córdoba y ha cruzado todas las épocas, las de gobiernos radicales y las de administraciones peronistas. La sociedad y el sistema político han aceptado la negociación con una fuerza que goza de una autonomía relativa que, con sus mutaciones, es una institución heredera del Terrorismo de Estado a la que no se ha sometido a una reforma democrática. Es largo su “prontuario”, al punto que hasta tuvo jefes denunciados por narcotráfico (Narcoescándalo de 2013); robo de armas; una enorme cantidad de episodios de “gatillo fácil”; y hasta una política institucional de “detenciones arbitrarias” de jóvenes de barrios pobres. Si los últimos acontecimientos no producen una reacción que lleve a la sociedad civil a controlar y gobernar a la Policía, los problemas y consecuencias, en el actual contexto de crisis económica y social, pueden alcanzar dimensiones peligrosas para la vida democrática.

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