"Quien no tiene una mina el bolas y un tipo culeando en la computadora, en cualquier oficina pública vas a encontrar pornografía".

El título de esta nota es la respuesta de un juez de Santa Fe ante un policía que denunció a otro, por delitos sexuales en la comisaría de Estación Clucellas.

POLICIALES 13 de abril de 2018 Pérez Darío Eduardo Pérez Darío Eduardo
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La protagonista y victima es la hoy ex Cabo de la Policía de la Provincia de Santa Fe Fany Yedro que denunció a Daniel Palacios quien era un efectivo de la fuerza de seguridad santafesina que perseguía menores en el móvil policial  EstacIón Clucellas y les enseñaba pornografía en la comisaría y terminaría detenido por lo que preanunció Yedro y por lo cual fue perseguida, agredida y hoy echada de la fuerza.

La perdida de su fuente de trabajo, punto final de una tortuosa camino a la que la sometieron estos dos años en la vía administrativa y judicial, se confirmo con el Decreto 2786/2017 firmado por el gobernador Lifschiftz y el ministro Pullaro que se vanagloria de estas estadísticas donde entran justos y pecadores que diluye e iguala en una cifra fría.Párrafo aparte tienen los organismos de DDHH y de protección a las mujeres, la violencia institucional,Asuntos Internos entre otros que no solo estuvieron ausentes de manera clara, evidente y total en esta historia donde se tocaba a los mas altos sectores del poder mafioso de la región. 

Yedro se cansó de la inoperancia de la justicia de Santa Fe y le escribió una carta al presidente Mauricio Macri: 

CARTA ABIERTA A SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN y SEÑOR GOBERNADOR PROVINCIA DE SANTA FE:

Estimados Gobernantes: Tras cumplirse ya CINCO AÑOS de una lucha que llevo adelante por mis derechos, puedo decir que todo resulta una suma de pésimos momentos, donde lo único que saqué en claro es la notable ausencia del estado en circunstancias que integrantes de la sociedad demandamos la aplicación de la ley, lo que hace preguntar si la inacción de personajes de los poderes políticos y judiciales se deben ¿ a que no poseen la capacidad que se requiere para el cargo, o si en realidad su accionar es guiado por la corrupción?

Le puedo asegurar Señor Presidente Macri que no hace falta ir a Venezuela para encontrarse con claras violaciones a derechos humanos (como lo escuché decir en los medios en su encuentro con el Presidente Español Rajoy). Aquí en su país también existen innumerables causas donde el abandono a las víctimas les provocan consecuencias gravísimas, destruyendo ilusiones en las familias.

Señores Gobernantes, para que comprendan el motivo de mi forma de expresarme les daré una breve referencia del calvario al que aún sigo sometida, y eso les servirá también a los ciudadanos de éste país para darse cuenta porqué las víctimas o testigos en casos de pedofilia y abusos sexuales de menores, temen generalmente buscar ayuda en la Justicia u otros sitios del Estado; tal como ocurre en los casos conocidos en éstos días con menores de edad en clubes del país ( Independiente, River y otros), y esos delitos terminan impunes porque en el sistema existen CORRUPTOS que encubren a sus autores y destrozan a las víctimas, impidiéndoles acceder a la justicia. Por mi parte puedo decir que ERA empleada policial de ésta provincia de Santa Fe, y en el año 2013 denuncié a un POLICÍA que trabajaba en la misma dependencia que yo, quien se dedicaba a contactar a menores y a la búsqueda de pornografía infantil utilizando en su guardia la computadora de la Sub Comisaría, conociendo por mi parte que dicho empleado de apellido PALACIOS anteriormente fue denunciado en tres oportunidades por ABUSOS SEXUALES A MENORES donde existieron en total más de seis víctimas (NIÑOS) de su accionar delictivo, pero sin embargo seguía trabajando, gracias a un jefe policial que lo ENCUBRÍA y lo anoticiaba de mi accionar para que el delincuente traté de esconder pruebas.

Eso me llevó a la búsqueda de ayuda ante órganos del Estado Provincial y Nacional, considerando lo establecido en legislación como Ley Nacional 26485, Ley Pcial 13348 y su Decreto Reglamentario Nº 4028/13, y demás Convenciones y Tratados Internacionales. Atento a esto primero tomé contacto con el Dr Gustavo de Pol, del Consejo Nacional de la Mujer, recomendando el mismo que no recibiera ninguna notificación, ya que como lo enmarca la legislación, ese organismo tomaría intervención con Políticas de Género de ésta provincia, para encontrar una solución al conflicto, pero eso nunca ocurrió. Luego, tras un cambio a nivel gubernamental en autoridades nacionales y provinciales, quienes se encargaban de mi caso por parte de Consejo Nacional de la Mujer, era el Dr Pablo Fiscarelli, y por parte de la Sub-Secretaría de Políticas de Género de ésta provincia llevaba adelante el caso la Sra Gabriela Sosa. En ésta exigencia constante por mi parte sobre el reconocimiento de mis derechos, en su momento solicité a Sub Secretaría de Políticas de Género de la Provincia, a cargo de la señora Gabriela Sosa, se me brinde el asesoramiento gratuito de un abogado como lo establece la Ley Nacional Nº 27210, y esa oficina acordó hacerse cargo de los honorarios y designó para ello a la Dra Laura Aguiar. Ésta abogada, al ser yo notificada de la resolución del Jefe Departamental sobre el pedido de mi destitución, me hizo saber que inició una serie de reuniones con la Sra Gabriela Sosa, quien a través de varias entrevistas con distintas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Seguridad (buscando como lo expresa la legislación una solución al conflicto), indicaron que el día 07 de mayo del 2016 me debía reintegrar a mis servicios. Por lo tanto el día expresado me presenté en la dependencia policial, pero el titular de la misma, me pidió que me retire ya que él no había recibido ninguna notificación de superiores al respecto.

Fue así que la Dra Aguiar, me recomendó y acompañó el día 27/05/2016, a denunciar ante Fiscalía Nº 1 de la ciudad de Santa Fe, todo lo sucedido. De todo ese peregrinar por oficinas del estado provincial, tanto en lo administrativo como en lo judicial, la única “cuasirespuesta” que obtuve fue la del Juez Penal Osvaldo Carlo (donde presenté mi denuncia inicial contra el pedófilo y su encubridor) , quien al entrevistarse con mi esposo (conversación que está grabada), refiriéndose a nuestra denuncia, el Juez manifestó: “QUIEN NO TIENE UNA MINA EN BOLA Y UN TIPO CULEANDO EN LA COMPUTADORA, EN CUALQUIER OFICINA PÚBLICA VAS A ENCONTRAR PORNOGRAFÍA” (pueden buscarlo en YOU TUBE como OSVALDO CARLOS), ya que a su parecer buscar pornografía en oficinas públicas es tarea habitual de los empleados, y no interesaban los antecedentes del pedófilo. A la vista del Juez, yo no importaba como mujer denunciante en mi desesperación por proteger a mis hijos y mi empleo, y tal como la escuché decirlo a la Diputada Elisa Carrió, “para las oficinas de género y la justicia, algunas no somos mujeres.

El día 11-04-2018, me presenté en la Fiscalía Regional Nº5 de Rafaela, para preguntar si había avanzado en algo la investigación de las denuncias que presente enA la vista del Juez, yo no importaba como mujer denunciante en mi desesperación por proteger a mis hijos y mi empleo, y tal como la escuché decirlo a la Diputada Elisa Carrió, “para las oficinas de género y la justicia, algunas no somos mujeres”. El día 11-04-2018, me presenté en la Fiscalía Regional Nº5 de Rafaela, para preguntar si había avanzado en algo la investigación de las denuncias que presente en año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 ( siempre fui aportando los datos que conseguía e informando como era el avance de mis agresores en mi re-victimización), y la respuesta que me dieron en esa sede judicial fue que todavía no sabían que Fiscal iba a trabajar la causa, porque surgen de la misma tanto Violencia de Género como Violencia Institucional. O sea después de cinco años ni siquiera tiene Fiscal asignado la causa. Ésta es la forma en que tratan a quien denuncia a un delincuente en éste país. Así es como el Estado deja a la deriva a quien se juega su integridad para sacar de la calle a un violador de menores; y esto ocurre en una provincia que tiene procesados TRES EX JEFES DE POLICÍA, uno por relaciones con narcos, otro por quedarse con dinero del pueblo, y el tercero por tratos incorrectos hacia empleados; y pensar que dos de ellos fueron los que firmaron gran parte de las resoluciones donde buscaban desesperadamente dejarme sin trabajo.

Es increíble que en un país donde se destinan millones de pesos para que representantes políticos trabajen en creación de leyes y sus medios y ámbitos de aplicación, después sean los mismos organismos oficiales las que no las respetan. No estoy pidiendo, al igual que muchos en el pueblo argentino, que se inventen nuevas leyes, solo queremos que se cumplan, y no que los corruptos las adapten a su placer. Señores Gobernantes, siguiendo la lógica con todo lo expuesto, como ex empleada del Estado, ¿ saben cuál es la recomendación que puedo darle al pueblo?: si conoces un delito trata de no meterte porque vas a quedar sola, lamentablemente hay que decir “en éste país que se joda el que es víctima”. Ésta es la enseñanza que me dejó el maltrato de la Justicia y nuestros representantes.

FANY ELIZABET YEDRO DNI Nº 27.207.490

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