
Condenan a una banda narco que vendía cocaína en la región
Comandada desde la prisión
Una investigación que recién empieza
POLICIALES - JUDICIALES 29/09/2024Los procedimientos están vinculados a una investigación por transacciones que ascenderían a unos 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos, donde detectaron 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el docente de origen colombiano radicado en Porteña, Miguel Fierro Uribe a una billetera virtual que perteneciería Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, de nacionalidad siria, en el Libano, vinculado al Hezbollah.
Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con la colaboración de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Policía Federal Argentina, allanaron en Porteña cinco viviendas, la sede de una entidad eclesiástica dedicada a la acción social y una entidad mutualista y un domicilio en Vila, Santa Fe.
Durante los allanamientos, secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones varias, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una Cpu, notebooks y siete teléfonos celulares.
La causa
La causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (OFAC), sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado al Hezbollah.
Asimismo, se habrían detectado un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio del corriente año, las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo “Chainalysis”, como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.
Con el total de la información recabada por los federales luego de múltiples tareas de campo avaladas por la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de la Dra. María Marta Schanni, el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por el Dr. Sergio Aníbal Pinto, Secretaría Penal a cargo de la Dra. Agustina Felizia, ordenaron la realización de los allanamientos y la aprensión de dos hombres y dos mujeres quienes quedaron a disposición del magistrado interventor.
La negación
El hecho había tomado estado público el 27 de agosto cuando el profesor radicado en Porteña, Miguel Fierro Uribe y Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, de nacionalidad siria fueron incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) y la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el congelamiento administrativo de bienes y dinero por seis meses todos los bienes de ambos al dar comienzo de la investigación por operaciones realizadas de una billetera virtual sospechada de estar conectada al financiamiento de la organización terrorista Hezbollah
La billetera virtual de Fierro Uribe habría realizado movimientos hacia otra radicada en Brasil y ahí se conectaba a la red del sirio, pero la primera alarma saltó en marzo de este año y la última en junio, por lo que de manera preventiva adoptaron medidas para dar comienzo a la investigación.
Miguel Fierro Uribe, es licenciado en Educación Básica con Énfasis en Idiomas Extranjeros, expedido por la Institución Universidad del Atlántico, República de Colombia. Llegó a Argentina en el 2012 para realizar un doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, entidad que convalido el titulo obtenido en su país mediante resolución del Consejo Directivo el 26 de mayo de 2021
En el 2016 se radicó en Porteña con su esposa de donde es nativa, con quien tiene un hijo. En esa localidad ejerció la docencia en distintas instituciones, siendo en la actualidad profesor de inglés en el Instituto Nuestra Señora de Lourdes.
Al trascender la noticia manifestó que en el 2021 compro un curso de inversiones para tener conocimiento de criptomoneda y a partir de ahí de forma paralela a la docencia comenzó a generar inversiones, asegurando que “es completamente falso el monto que se dio a conocer en las noticias”
Por otra parte indicaba que sus actividades estaban certificadas por contadores públicos y el Consejo de Ciencias Económicas de Córdoba cada 2 a 3 meses, con declaración ante la Afip y indicaba que se había presentado en la justicia Federal de San Francisco para demostrar su inocencia
En relación a sus vínculos financieros con Hezbollah, a través de criptomonedas apuntó contra los medios de comunicación considerando que se trataba de una falsa noticia generada por los mismos medios, mientras negaba cualquier tipo de vinculación con el terrorismo. REGIONALÍSMO
Comandada desde la prisión
Mientras las defensas sostuvieron que se trató de una falsa denuncia, el padre de la víctima criticó que las familias de los acusados no aportaron las pruebas que aseguraron tener para demostrar la inocencia de los imputados.
El jurado popular exculpó a los imputados, en el juicio que se desarrolló en Río Cuarto. El exdirector del hospital de Huinca Renancó y una asistente social resultaron absueltos.
En el proceso están imputados un médico y una asistente social, ambos ex integrantes del COE. En caso de haber condena, se podría aplicar el concepto de violencia institucional, lo que podría dar lugar a un nuevo juicio contra autoridades.
A pesar de que se trata de un gran paso, por el momento se desconoce cuándo se concretaría la resolución del futuro de la causa. El tribunal que estará a cargo de debatir si el asesinato de Dalmasso prescribe o no, ya fue determinado.
La funcionaria Celina Laje Anaya denunció a Abel Sánchez Torres. Entre los posibles delitos, se menciona abuso de autoridad, falsedad ideológica y coacción. La causa es por evasión agravada contra la cerealiera Bunge.
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