Córdoba: una operadora del 911 fue imputada por "revelación de secretos"

Una operadora de cámaras de videovigilancia del 911 fue imputada por presunta Revelación de Secretos y apartada de las Fuerzas de Seguridad.

La mujer, personal civil contratada que prestaba servicio en Córdoba capital, quedó a disposición de la justicia. La medida de imputación obedece a una investigación relacionada a un hecho delictivo.

El fiscal del Distrito 1 Turno 4 de Córdoba, Rubén Caro, imputó a una operadora de cámaras de videovigilancia del 911 de la fuerza de seguridad que habría filtrado datos a una banda de ladrones de autos que cayó a fines de mayo.

A fines de mayo último, el fiscal y la Policía desbarataron a una banda que se dedicaba a la contratación de terceros para el robo de autos. En el operativo denominado “Hidra” se secuestraron autopartes, vehículos fraguados, armas, marihuana y dólares y fueron detenidas 21 personas.

El fiscal del Distrito 1 Turno 4 de Córdoba, Rubén Caro, imputó a una operadora de cámaras de videovigilancia del 911 de la fuerza de seguridad que habría filtrado datos a una banda de ladrones de autos que cayó a fines de mayo.

La operación “Hidra”

A fines de mayo último, el fiscal y la Policía desbarataron a una banda que se dedicaba a la contratación de terceros para el robo de autos. En el operativo denominado “Hidra” se secuestraron autopartes, vehículos fraguados, armas, marihuana y dólares y fueron detenidas 21 personas.

 La medida se llevó a cabo de manera simultánea en Córdoba y otras cuatro provincias: San Juan, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

Uno de ellos sería el cabecilla, que se ocupaba de la logística para la venta de piezas y la colocación de autos. Cumplía la pena de prisión domiciliaria en una vivienda que fue el epicentro de los allanamientos.

Situado en las espaldas del Club Las Palmas, este domicilio habría sido el corazón de la verdadera red de desarmaderos al que, cada tanto, llegaba alguien con un auto nuevo a altas horas de la madrugada, seǵun fueron reconstruyendo los pesquisas.

Según sostienen los investigadores, la desvencijada casa pertenece a uno de los cabecillas, pero este no trabajaba solo. Junto a otros secuaces, todos con un frondoso prontuario delictivo, se dedicaban a contratar a jóvenes de distintos barrios y a personas sin hogar.

Los domicilios donde operaban parecían “ranchos”, según dijeron los pesquisas. Pero adentro, debajo de colchones y entre la basura, había escondidas piezas de vehículos y fajos de moneda nacional y extranjera.

En el marco de la causa, el fiscal imputó a una civil que operaba las cámaras de videovigilancia del 911 de la Policía por presunta revelación de secretos a la banda.

En la faz administrativa intervino la Dirección General de Control de Conducta Policial, que dio inmediata participación al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

 
Por este motivo, a la sospechosa (personal civil contratada) se le rescindió el contrato con la Policía, según confirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a El Doce.