Alambrada: controversia en Calamuchita por el cierre de una playa del lago de Embalse

El impacto visual es indisimulable: hasta desde la costa vecina del lago se observa el alambrado perimetral que avanza sobre la orilla del embalse del río Tercero, en Villa del Dique, en el Valle de Calamuchita. La polémica está instalada. Y se suma a otras por los usos de las costas de lagos y de ríos.

 No obstante, continúa, sin pausa, la construcción del cerco que “encerrará” las 64 hectáreas del parador Almirante Brown, un establecimiento que la Dirección de Bienestar de la Armada Argentina (DIBA) tiene allí desde hace décadas.

Es un complejo turístico tanto para afiliados de Iosfa (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) como para el público en general. Cuenta con cabañas, salón de eventos, pileta, muelle y un gran espacio verde, entre otras comodidades. El espacio es una referencia en la localidad.

La contaminación visual afectará a los propios huéspedes, que desde algunos sectores del predio observarán el lago “acorralado” por un alambrado olímpico. Pero el reclamo central es por la presunta invasión de terrenos de uso público. Desde la institución, lo niegan, respaldados en un convenio rubricado en 1999.

 
El alambrado avanza más allá de los mojones que la Provincia colocó hace dos décadas para demarcar en las costas los límites de lo privado y de lo público.

El municipio de Villa del Dique objetó el avance de la obra. El asesor letrado municipal, Juan Pablo González, confirmó que constataron infracciones “en el código de edificación y en el código de faltas municipal”. Detalló que labraron varias actas por violación de normas ambientales, como la tala de especies autóctonas, tanto en la zona privada como pública, sin avisar al municipio y por tareas de cercado que no respetarían lo que disponen las ordenanzas sobre las distancias que se deben guardar hasta el lago.

Días atrás, hubo una reunión entre autoridades del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el establecimiento de la Armada, quienes presentaron documentación. A su vez, el municipio también radicó la denuncia ante la Policía Ambiental de la Provincia.

Por su parte, un vecino, de forma particular, radicó el 18 de marzo una denuncia ante la Policía Ambiental, que refiere a un hecho “que sería violatorio a la legislación vigente en cuanto a uso de costa y perilago de los embalses de la provincia”. También elevó la denuncia a la Defensoría del Pueblo provincial para que ayudara a “clarificar si el alambrado avanza en un espacio de dominio público”.

Que dice la ley

La ley 10.115 marca la creación de la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia, que tiene la competencia de recibir e investigar denuncias e intervenir cuando se infrinja la normativa.

El Código Civil y Comercial es la norma general que regula estas cuestiones. El artículo 235 detalla los bienes de dominio público (salvo lo dispuesto por leyes especiales), entre los que se encuentran ríos, arroyos, lagos y lagunas navegables.

 La norma marca que por lago o laguna se entiende “el agua, sus playas y su lecho”, delimitado de la misma manera que los ríos, es decir, “por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias”.

La explicación de la Armada

Desde el parador Almirante Brown, aseguraron que un artículo que marca las excepciones de un convenio, firmado el 2 de diciembre de 1999 entre los gobiernos provincial y nacional, los autoriza a llevar adelante el cerco, que avanza sobre la línea de mojones del deslinde público-privado.

Dicho convenio establece la voluntad de la Provincia “de lograr la transferencia o cesión de los derechos correspondientes al Estado nacional sobre los perilagos de los embalses del Río Tercero, Segunda Usina, Tercera Usina, Los Molinos y Casa de Huéspedes del Piedras Moras”, y fija como límite de propiedad las poligonales de expropiación.

No obstante, el artículo siguiente –en el que se sustenta el argumento de la Armada– indica que “se exceptúan de la transferencia solicitada las fracciones transferidas en propiedad a terceros por el Estado nacional, las ocupadas por distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, y las correspondientes a las solicitudes efectuadas en el marco de la ley 24.146 modificada por sus similares números 24.383 y 24.768 por los municipios de Embalse, Villa Rumipal, Villa del Dique, Almafuerte y Segunda Usina, cuya transferencia por dicha norma resulta viable en función del destino propuesto y del cumplimiento oportuno de los requisitos pertinentes”.

Entre las excepciones, se encontraría el parador Almirante Brown, en jurisdicción de Villa del Dique. La duda que persiste es si ese acuerdo fue homologado y si ese convenio tiene carácter oficial.

A su vez, explicaron que el cerco fue impulsado por razones de seguridad, para evitar robos en el establecimiento y accidentes que se registraron en hoteles en ruinas en ese predio. Con el tejido, quedó bloqueado el ingreso a los tres hoteles construidos hace más de 70 años, que despiertan la curiosidad de quien los observa desde el lago.

En este sentido, justifican el alambrado en el artículo 2031 del Código Civil, que refiere a un “cerramiento forzoso rural”, que interpretaron como “un acto posesorio sin necesidad de aviso”.

Destacaron, a su vez, que continúa abierto un camino que permite transitar entre la costa y el alambrado.

A su vez, desde la institución valoraron el acercamiento con el municipio a través de una reunión reciente e insistieron en que no han cometido faltas.

Una respuesta provincial

Sobre esta problemática, este diario consultó a Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular, quien señaló que están trabajando para “definir competencias jurisdiccionales” en este caso, justamente en relación con el convenio de hace un cuarto de siglo. Reconoció que recibieron denuncias sobre el tema, sobre las que están trabajando.

“No quiero adelantar ninguna solución porque es parte del trabajo de un equipo, estamos viendo cuál es la mejor salida “, completó Flores.