Un alto directivo penitenciario fue imputado y detenido en el marco de una causa que investiga presuntos vejámenes seguidos de muerte contra un preso. Otros seis guardias y dos médicos fueron acusados por la fiscalía interviniente.
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El fiscal José Alberto Mana informó este miércoles que detuvo a ocho de los nueve imputados en la causa que investiga el fallecimiento de un preso de 50 años de edad, muerte que según la fiscalía fue el efecto seguido a actos de tortura, entre el 16 y el 18 de septiembre de 2023 adentro de la cárcel.
Los hechos investigados ocurrieron en una de las celdas y en la guardia médica del penal Reverendo Francisco Luchesse, más conocida como “cárcel de Bouwer”, en la localidad cordobesa homónima.
Por la muerte del presidiario César Darío Moreno (50) fueron imputados como presuntos autores del delito de “tortura seguida de muerte” un alto directivo del módulo de varones junto a seis guardias del penal y dos médicos. Entre los imputados todavía hay un guardia que permanece sin ser detenido y en la fiscalía esperan que se produzca su entrega durante las próximas horas.
La figura de tortura seguida de muerte prevé la pena máxima en la escala jurídica: prisión perpetua.
Moreno habría sufrido duros golpes seguidos por sujeciones, según los resultados de las primeras investigaciones. Resta saber si del lado de los médicos hubo ocultamientos en los informes realizados por el área.
La fiscalía trabaja amparada en un estricto hermetismo y no descarta nuevas imputaciones ni tampoco nuevas detenciones.
Los imputados deberán fijar su defensa y tendrán la oportunidad de actuar ante las acusaciones de las cuales son objeto.
Por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia no hubo mayores precisiones y prefirieron no realizar declaraciones, ya que la causa está en manos de la Justicia, señalaron altas fuentes de esta cartera. Además destacaron que en su momento las autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) pusieron a disposición de la fiscalía todo el material probatorio que fue requerido.
Sin embargo, fuentes allegadas a la investigación reconocieron que se trató de una tarea ardua, por ser los investigados quienes tienen control directo sobre los testigos, el registro de los hechos y el gobierno de los acontecimientos internos de un penal. No obstante, nadie en la fiscalía habló, al menos hasta el momento, sobre maniobras de entorpecimiento
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