A un año y medio del asesinato de Valentino Blas Correas, la Fiscalía de Instrucción a cargo de José Alberto Mana solicitó la elevación a juicio contra tres empleados administrativos de la Sanatorio Aconcagua, ubicado en Nueva Córdoba.
Fernando Gabriel Casalino, Guadalupe María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo son los imputados. El primero será juzgado “por abandono de persona” y las mujeres “por omisión de auxilio”.
En base a las pruebas, el fiscal determinó que “Blas Correas no solo arribó con vida al Sanatorio Aconcagua, sino que se retiró del lugar con signos vitales, y en el nosocomio no se le brindó la ayuda necesaria que la ocasión ameritaba para intentar salvarle la vida”.
Previo al fallecimiento, una amiga de Blas, quien se encontraba al momento de los disparos, ingresó al Sanatorio “con gritos de desesperación”. A pesar del pedido de ayuda, Casalino “no se hizo cargo” y las coimputadas “guardaron absoluto silencio”, de acuerdo a la información que consta en la causa.
El documento se apoya en declaraciones de testigos presenciales para remarcar que Casalino, “lejos de hacerse cargo del herido para recibirlo como correspondía e ingresarlo para su atención, o al menos llamar al servicio de emergencia del 107, decidió levantarlo y cargarlo como si fuera una bolsa de papas". Luego lo introdujo al auto, "desentendiéndose así de su obligación”.
Por último, desde la Fiscalía afirmaron que debido a la “falta de acciones protectivas” de Casalino y por “la falta de solidaridad” de Moya y Mezzacapo, la vida de Valentino Blas Correas "se puso en peligro”.
Los policías Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón están imputados en la misma causa por homicidio calificado. En tanto otros 11 agentes están acusados por encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público.
